10 de noviembre de 2018 00:00

Fiscal dispuso que se indague a Rafael Correa por presunto peculado

El miércoles, Fernando Balda (centro) llegó a la Corte Nacional para la audiencia. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Un nuevo escenario judicial tendrá que enfrentar el expresidente Rafael Correa. Luego de que la Corte Nacional de Justicia lo llamara a juicio por el secuestro de Fernando Balda, el 13 de agosto del 2012, la Fiscalía dispuso que se abriera una investigación por presunto delito de peculado.

Este expediente se desprende de la investigación sobre el plagio en Bogotá (Colombia), en el que además están procesados el exjefe de la Senain Pablo Romero y los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón.

En ese proceso, los investigadores encontraron 44 evidencias que señalan al exmandatario. Una de estas tiene relación con el dinero del Estado usado para cometer el secuestro.

La Contraloría General realizó cinco exámenes especiales a la administración de la Senain cuando Romero era su Secretario Nacional.

La Senain anexó los documentos donde se detallan gastos de operaciones por USD 43 300. En uno de esos documentos se señala la existencia de una operación de seguimiento. Además, en todos los exámenes realizados por el ente de control se muestra que hubo gastos especiales a favor del exagente Raúl Chicaiza.

El 6 del junio del 2012, la Dirección General de Inteligencia (DGI) emitió dos cheques con fondos de la Senain por USD 10 000 y USD 11 280, a nombre de este expolicía.

En el expediente del caso Balda se puntualiza que se habría usado, por ejemplo, para aparentemente rentar un auto que se utilizó en el secuestro.

Este dato lo expuso la jueza nacional Daniella Camacho, quien conoció el caso. La magistrada relató que Balda fue metido a la fuerza en ese automotor y que dos personas le suministraron un somnífero, le amenazaron y le golpearon.

Según el relato de la jueza, antes de que la sustancia hiciera efecto, una mujer le dijo: “Tranquilízate, que te vamos a llevar donde una persona que quiere hablar contigo”.

Mientras relataba estos hechos, Camacho aseguró que Chicaiza fue quien personalmente alquiló el vehículo.

Luego de lo ocurrido, la denuncia llegó primero a las oficinas judiciales de Colombia.

Ahora, Balda prepara un viaje a ese país para denunciar al expresidente de esa nación Juan Manuel Santos, a su canciller María Ángela Holguín y a otros funcionarios de ese Gobierno. “Ningún acto, antes, durante y después del secuestro se hubieran cometido si no hubiese habido la anuencia del presidente Santos y de la canciller Holguín”, aseguró a Blu Radio, en Bogotá.

Según el Código Penal, el peculado es un delito que no prescribe y Correa no podría volver al país.

En esta norma (art. 278) se indica que ese delito se produce cuando los servidores públicos, en beneficio propio o de terceros, disponen arbitrariamente de bienes, dinero público o privado.

Los responsables pueden ir a la cárcel de 10 a 13 años.

En ese artículo también se establece que si se llegara a dar una sentencia, el condenado quedaría inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público.

Al finalizar la diligencia del miércoles la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, ya adelantaba que “podría haber la presunción de peculado” y que se debe “analizar la información”.

El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, dijo que la próxima semana presentará una denuncia en contra de Correa y de Romero por peculado.

“Una vez que se ha demostrado que utilizaron recursos del Estado para contratar una banda criminal para ejecutar mi secuestro, presentaremos la denuncia”, aseguró Balda.

En un comunicado, la Fiscalía también dice que se dispuso la apertura de una investigación por presunto fraude procesal. En el documento no se indica en contra de quiénes se iniciaría esta indagación.

Este Diario conoció que los nombres se darán el lunes de la próxima semana.

El Código Integral Penal señala que este ilícito es penado con cárcel de uno a tres años.

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