Apenas 40 días después de asumir el cargo, la primera mujer en Colombia en ejercer como fiscal general, Viviane Morales, adoptó una decisión que fue percibida como una señal de intenciones sobre su decisión de llevar a la justicia las irregularidades de la Presidencia de Álvaro Uribe.
El 22 de febrero, Morales emitió un primer pronunciamiento sobre el caso de los subsidios destinados a campesinos pobres, que fueron entregados a adinerados beneficiarios, en un escándalo que tiene como protagonista al gubernamental programa Agro Ingreso Seguro y fue destapado en octubre de 2009 por la ya desaparecida revista Cambio.
La fiscal anunció que imputará de cargos y ordenará la detención de siete ex altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y 15 beneficiarios, mientras avanzan investigaciones contra 50 involucrados más.
Los acusados comienzan a responder ante la justicia desde este mes y tienen que presentarse a un tribunal penal donde la Fiscalía General presenta las imputaciones y solicita las detenciones y otras medidas de aseguramiento contra los acusados.
La medida del organismo encargado de la investigación y la acusación pública fue aplaudida especialmente por sectores civiles y sociales, por la especial sensibilidad que despertó el saber que unos USD 2 250 000 fueron entregadas a destacadas familias de la costa norte, sin requisitos para recibir las ayudas no reembolsables.
Quedan pendientes las decisiones sobre los ex ministros de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien ocupó la Cartera durante los seis primeros años del gobierno del derechista Uribe (2002-2010), y su sucesor Andrés Fernández. Ambos gozan aún de fuero especial y la investigación de su participación tiene un procedimiento separado.
Morales, abogada, ex parlamentaria y comentarista en diferentes medios, fue designada como Fiscal General en diciembre de 2010 a propuesta del presidente Juan Manuel Santos, con 14 votos de los 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entre sus retos no está solo enfrentar la corrupción, sino disminuir la impunidad de los delitos, que oscila entre 90 y 98% según fuentes oficiales o no gubernamentales. Además, tiene en su agenda la investigación de más de 2 000 asesinatos extrajudiciales que involucran unos 100 militares, según denuncias de organizaciones humanitarias. Sin olvidar las interceptaciones telefónicas a magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas, en hechos que involucran a ex funcionarios cercanos a Uribe.
Para combatir la corrupción, relacionada con frecuencia a la violación de derechos humanos, Morales contará con una aliada especial: Sandra Morelli, elegida en agosto como primera mujer al frente de la Contraloría General.