12 de noviembre de 2019 00:00

Fiscal retiró dos cargos en el caso Sobornos 2012-2016

La audiencia se reinstaló en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La audiencia se reinstaló en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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La fiscal General, Diana Salazar, habló de un “obstáculo legal”. Sin ahondar en los detalles, dijo que su acusación en el caso Sobornos 2012-2016 será únicamente por cohecho. Los otros dos ilícitos, que inicialmente constaban en la imputación, tráfico de influencias y asociación ilícita, fueron excluidos de la audiencia de ayer 11 de noviembre del 2019.

La diligencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia. Se trató de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, que por cuatro ocasiones y debido a las demandas y las recusaciones de los abogados no se podía realizar.

A las 09:00 se inició la cita. En la primera parte se trató sobre los aspectos técnicos -jurídicos de la investigación.

La jueza Daniella Camacho, a cargo del caso, validó todo lo actuado por Fiscalía y dio paso a la exposición de Salazar.

La Fiscal dividió su intervención en tres partes: retiro de dos delitos, acusación contra 24 personas procesadas y presentación de 587 evidencias.

En la primera se refirió al cambio de los delitos. Sus únicos argumentos para que su acusación sea solamente por cohecho fueron que actuaba con “lealtad procesal y bajo el principio de legalidad”.

En mayo, cuando se abrió el expediente de investigación, la Fiscalía recibió críticas por haber acusado a los sospechosos por tráfico de influencias.

Este delito no existía en el 2012, cuando supuestamente se creó un esquema de corrupción que consistió en recibir coimas de contratistas estatales a cambio de entregar adjudicaciones en megaobras.

El tráfico de influencias se incluyó en la legislación penal del 2014, con el Código Integral Penal. La norma establece sanciones de tres a cinco años de cárcel para la persona que, valiéndose de su cargo o puesto, favorezca a otras personas con cargos, contratos, etc.

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El delito de asociación ilícita y el de cohecho también tienen la misma pena: tres a cinco años de cárcel. Sin embargo, sobre el primero no se refirió.
En cambio, el delito de cohecho no prescribe y permite que las personas sean juzgadas en ausencia o mientras están prófugas de la justicia.

Para Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glas, el retiro de dos cargos es una muestra de que la Fiscalía General del Estado no tiene pruebas. “Jamás tuvo los elementos necesarios... Se echa para atrás con los dos cargos más importantes que supuestamente tenían que era asociación ilícita y el tráfico de influencias. Sin estos se quedan sin juicio”, dijo.

En la audiencia, la segunda parte de la presentación de la fiscal fue la presentación de su dictamen. A 22 personas, entre estas el expresidente Rafael Correa, Glas, Alexis Mera, Walter Solís, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Christian Viteri y otros, las acusó como autores de cohecho. A María Augusta Enríquez, persona de confianza de Alvarado, y Yamil Massuh, exasesor de Duarte, los identificó como cómplices.

Dijo que todos los sospechosos formaron parte de un “sistema gobernante de corrupción, que usó recursos de la contratación pública para mantener el apoyo popular”.

Este esquema, agregó, estuvo liderado por Correa y debajo de él, Glas. Aseguró que se manejó desde la Presidencia y que se empleó para captar recursos de contratistas estatales a quienes se les entregaron obras en el área de sectores estratégicos: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría del Agua, Corporación Eléctrica del Ecuador.

Los empresarios, que también están procesados, entregaron USD 5,6 millones por cruce de facturas y otros USD 6,7 millones en efectivo. Esto ocurrió entre el 2012 y 2016.

Salazar detalló que estos montos fueron usados para actividades de Alianza País y para “sostener el apoyo popular” al gobierno de Correa.

Resaltó el papel del expresidente Correa y lo calificó de “relevante”, pues habría ubicado de forma “estratégica y circular” a sus funcionarios de confianza en Ministerios desde donde se entregaron contratos.

Además, señaló que en esta estructura se usó una “jerga criminal”, que incluía el empleo de códigos como SP (Señor Presidente), JG (Jorge Glas) o las palabras “palo, medio palo y palito”, refiriéndose a dinero en diferentes montos.

La tercera parte de la intervención de la Fiscalía fue sobre las evidencias. Ayer presentó 25 de estas, que eran comunes para todos los sospechosos.

En la audiencia, siete defensores se quejaron ante la jueza Camacho, pues dijeron que no debía validar el proceso. Agregaron que durante la investigación y recolección de pruebas se violaron normas. Además, dijeron que se les impidió acceder a las 700 carpetas que conforman el caso. La audiencia fue suspendida por la tarde; hoy se retoma a las 09:00.

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