8 de julio de 2019 17:31

Fiscal dice en la Asamblea que no cabe arresto domiciliario de Alexis Mera; esa medida es para personas embarazadas, de la tercera edad o enfermos incurables

La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 8 de julio del 2019. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 8 de julio del 2019. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acudió este lunes 8 de julio del 2019 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para hablar del caso 'Arroz verde'.

En su comparecencia, la Fiscal manifestó que el cambio de medidas cautelares para Alexis Mera no está justificado. "No cumple con la acreditación como embarazo, no es mayor de 65 años ni tiene enfermedad terminal que justifique el cambio de la prisión preventiva".

El 19 de junio de este año, la jueza Daniela Camacho aceptó la reformulación de cargos contra Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, para que sean procesados por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. En esta audiencia se ratificó la prisión preventiva para Mera.

Pero el miércoles 3 de julio, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, con votos mayoritarios de los magistrados Edgar Flores y Luis Enríquez, cambió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario. El voto salvado fue del juez David Jacho. Mera salió de la Cárcel 4 el sábado 6 de julio.

La Fiscal añadió que la defensa de Mera no pidió el cambio de la medida preventiva. "Por eso sorprende la beligerancia de los jueces".

La asambleísta Silvia Vera preguntó a la Fiscal cuál fue la justificación para cambiar la medida a Alexis Mera.

La Fiscal indicó que no hubo una justificación y que presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra los jueces que determinaron el cambio de medida para Mera.

Sobre los procesos en el caso 'Arroz verde', la Fiscal dijo que la institución que lidera no lo denomina así y que consta como ' Caso sobornos de 2012 a 2016'.

Añadió que es necesario tipificar en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la financiación ilegal de campañas. Actualmente esta consta como una infracción electoral según la funcionaria.

El asambleísta Eliseo Azuero pidió que acudan a la Comisión de Fiscalización los miembros del Consejo de la Judicatura para que se pronuncien sobre la actuación de los jueces Flores y Enríquez. La petición fue aceptada por todos los asambleístas que asistieron a la sesión.

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