9 de agosto de 2019 00:00

Jueza sobre prisión para Rafael Correa: 'Es proporcional y no excesiva'

Este jueves 8 de agosto del 2019, la fiscal del Estado, Diana Salazar, llegó a la Corte Nacional de Justicia para la reinstalación de la audiencia. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Este jueves 8 de agosto del 2019, la fiscal del Estado, Diana Salazar, llegó a la Corte Nacional de Justicia para la reinstalación de la audiencia. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortíz y Ana Rosero

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Luego de tres horas y media de audiencia, la jueza nacional, Daniella Camacho, ordenó este 8 de agosto del 2019 la prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios correístas Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh.

Este último fue colaborador de la exministra María de los Ángeles Duarte, también procesada en el caso Sobornos 2012-2016.

La magistrada indicó que la medida solicitada por la Fiscalía General es “proporcional y no excesiva”. Además, aseguró que cumple con los “requisitos legales, constitucionales y convencionales”, de la legislación vigente en el país y los tratados a nivel internacional.

También pidió que se oficie a la Policía Judicial y a la Interpol (Policía Internacional) para la localización y posterior captura de cuatro, excepto Jorge Glas, pues ya está recluido en la cárcel de Cotopaxi.

Esta es la segunda orden de prisión en contra de Correa. La primera está relacionada con el caso del secuestro del político Fernando Balda.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa, dijo que apelará este fallo judicial.

Para otros 17 procesados en esta causa, Camacho ordenó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial. Quienes viven en Guayaquil deberán presentarse los lunes y jueves en la Corte Provincial del Guayas. Lo harán desde el próximo lunes 12 de agosto.
El resto tiene la obligación de acercarse a la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

Inicialmente, la Fiscalía solicitó que a los 22 procesados se les retenga las cuentas bancarias y se les prohíba vender bienes por un monto de USD 7,8 millones. Pero la magistrada consideró que es un valor desproporcionado y ordenó que sea por USD 1 072 312.

La Jueza también dijo que la fase de investigación pública o instrucción fiscal concluirá el 29 de septiembre del 2019.

En este caso se investigan supuestos aportes ilegales de empresas contratistas a las campañas de Alianza País. Por eso se abrieron expedientes por presunta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Inicialmente fueron procesados los exfuncionarios correístas Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte.

Durante el primer día de audiencias, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sostuvo que los contratistas privados formaron parte de una estructura ilícita liderada por el expresidente Rafael Correa.

Ante la jueza Daniella Camacho dijo que su papel fue entregar dinero, en efectivo o por cruce de facturas. A cambio, ellos obtuvieron adjudicaciones de obra en los sectores estratégicos, que entre 2012 y 2016 fue manejado por el exvicepresidente Jorge Glas, también procesado.

Según la Fiscal, los posibles actos ilícitos de esta organización no se podían haber concretado si es que Correa no nombraba a Jorge Glas en sectores estratégicos, a Walter Solís en la Secretaría Nacional del Agua y a María de los Ángeles Duarte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Salazar citó ante la jueza que entre el 2013 y 2014 la empresa Hidalgo & Hidalgo ejecutó obras en esas secretarías.

Ahora, el Superintendente de la Región Litoral de esa empresa es procesado.
Él entregó una versión en la Fiscalía y admitió conocer a Martínez, la exasesora de Correa. Dijo haberla llamado para coordinar la visita de autoridades para la inauguración del Trasvase Chongón.

En el caso de la compañía Fopeca, la Fiscalía manifestó que en el denominado archivo Verde Final se hallaron correos electrónicos y archivos en Excel, en los que constan los datos de la empresa, como el número de RUC, la dirección y los teléfonos de contacto.

Para la Fiscalía General del Estado, los directivos de SK, Sanrib, Tecnazul, Sinohydro, Nexoglobal, Metco, Verdú SA y Técnicas Generales de Construcción también habrían ejecutado un papel similar. Sus abogados niegan que haya existido un delito.

Sobre Consermin, la Fiscal detalló evidencias que sirvieron para fundamentar la vinculación de dos personas relacionadas a la compañía. Salazar sostuvo que en este caso, la propia empresa certificó a la Fiscalía el número telefónico asignado a uno de ellos, que es el mismo que consta en el archivo Verde Final.

Con uno de los empresarios de Equitesa, la Fiscalía General del Estado mencionó el mismo esquema: conversaciones y entrega de aportes. En los correos de Martínez y Terán se mencionan posibles reuniones con ese directivo.

Los Hechos relevantes del caso

04/05/2019
Pamela Martínez fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil, cuando intentaba salir del país. Ese día también fue detenida su antigua asistente, Laura Terán.

28/05/2019
Fiscalía y Criminalística se incautaron de computadoras, teléfonos y otros equipos que pertenecían a Martínez y a Terán, que estaban en las bodegas de la Presidencia.

30/05/2019
La Policía allanó un departamento que pertenecía a Martínez. Detrás de una chimenea se encontró una libreta, con manuscritos en donde constan códigos como SP o SVP.

01/06/2019
El exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte fueron vinculados al caso. Vinicio Alvarado logró huir.

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