5 de diciembre de 2019 11:36

Fiscal Diana Salazar se abstiene de acusar a la exasambleísta Sofía Espín y a abogada de Rafael Correa

Según el Secretario Nacional de Gestión de la Política, Sofía Espin no fue autorizada para ingresar a la Carcel 4. En la foto, del 21 de junio del 2018, la asambleísta Sofía Espin durante el segundo debate de la ley para el fomento productivo. Foto tomada

Sofía Espín fue acusada por una visita que realizó a la exagente de Inteligencia Diana Falcón, entonces detenida en la Casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de Quito, el 24 de septiembre del 2018. Foto Asamblea Nacional

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Diego Puente

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió la mañana de este jueves 5 de diciembre del 2019 dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, y de Yadira Cadena, abogada de Rafael Correa.

La resolución de la Fiscalía deja sin efecto el proceso penal por tentativa de fraude procesal que se seguía en contra de Espín y Cadena desde octubre de 2018, por el cual incluso se dispusieron medidas cautelares.

En el escrito de Salazar dirigido a Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, se señala que “a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico jurídico adecuado, por lo que persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.

Sofía Espín: 'He actuado acorde a mi conciencia y a mi labor de legislador'
Declaraciones de la exasambleísta​ del 26 de septiembre del 2018.

La asambleísta Sofía Espín visitó en días pasados a Diana Falcón, en la cárcel 4 de Quito. Foto: EL COMERCIO

Según Salazar, la decisión se tomó luego de un “profundo análisis jurídico”. La Fiscalía concluyó que los hechos descritos en el proceso no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal sancionado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal.

Espín y Cadena fueron acusadas por una visita que realizaron a la exagente de Inteligencia Diana Falcón, entonces detenida en la Casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de Quito, el 24 de septiembre del 2018.

La Fiscalía investigaba en ese momento si la entonces asambleísta y la abogada habían tratado de coaccionar a la exagente para que se retractara de su testimonio anticipado en el que involucraba al expresidente Rafael Correa en un presunto secuestro del activista político Fernando Balda, en Bogotá, Colombia.

Espín negó las acusaciones en su momento y su abogado, Harrison Salcedo, dijo que ella había salido del país desde octubre del 2018. El 31 de enero de este año, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que la exlegisladora y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa estaban en Bolivia y tenían la intención de solicitar asilo político.

Espín estuvo en Bolivia hasta que se desató la crisis política y social de noviembre; luego se trasladó a México.

La mañana de este 5 de diciembre, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que no se restituirá a Espín en el cargo de asambleísta. Ella no acudió a las sesiones desde que viajó en Bolivia.

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