Mujeres en condición de movilidad humana participaron en un taller de artesanías, durante el Día del Refugiado. Foto: Cortesía de la Prefectura de Esmeraldas
El miedo le acompaña siempre. Nació en Colombia. Tiene 30 años y es madre de una niña.
Las amenazas de muerte que recibió porque se negó a convertirse en informante de un grupo de disidentes de las FARC la obligaron a huir. Llegó a Ecuador en diciembre pasado, tras escapar de un lugar en el que los armados la tenían retenida a la fuerza.
Atrás quedaron sus pertenencias, el sueño de convertirse en abogada y el trabajo como promotora para la prevención del uso de drogas y del reclutamiento por parte de grupos ilegales, que dictaba a niños y a adolescentes de la zona rural.
Hace siete meses, la extranjera recibió el estatus de protección internacional en condición de refugio, de manos de la Cancillería. Con ella suman 2 044 personas que se beneficiaron de este amparo entre enero y mayo pasados, porque sus vidas corrían peligro en sus naciones de origen.
Ecuador es el país de América Latina con el mayor número de refugiados reconocidos. Se trata de 67 581 personas de más de 70 países. Los colombianos son el 97,49%.
Se esperaba que con la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia, el 24 de noviembre del 2016, los problemas generados por la inseguridad finalizaran.
Sin embargo, “la situación en Colombia siguió siendo volátil, con constantes desplazamientos y violencia”, como lo señala un informe de Acnur.
Aunque ahora vive en Ecuador, la mujer -que prefiere no revelar su nombre por temor- camina siempre en alerta.
Ella asegura que ha visto en el país a miembros del grupo que intentó convertirla en miliciana, como se denomina a los colaboradores de los grupos guerrilleros. “Hay ‘desmovilizados’ que siguen trabajando para esas bandas”.
Jóvenes que asisten a un curso de la Fundación de las Américas preparan un texto. Foto: Alvaro Pineda para EL COMERCIO
Es por ello que piensa mudarse a otra ciudad, lejos de la frontera norte. Historias como estas se repiten una y otra vez.
Cristina Acosta, funcionaria de Movilidad Humana de la Prefectura de Imbabura, ha visto como llegan varios ciudadanos de Colombia víctimas de amenazas. Algunos traen entre sus pruebas las denuncias presentadas a las autoridades, recortes de periódicos de parientes asesinados o fotos.
Acosta cuenta que el 2018, tras la firma de la paz en Colombia, creció el número de solicitantes de refugio. Ese año se aprobaron 4 747 pedidos, frente a 266 del 2017.
Luis C. también tuvo que dejar Colombia. Hoy trabaja como pescador en la Costa. Vivía en Tumaco y llegó a mediados de marzo pasado, tras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el territorio que antes era ocupado por las FARC.
Él comenta que la firma de la paz es solo un mito, al menos, en Tumaco. “Ahí la situación no ha variado, porque los campesinos siguen siendo amenazados por grupos dedicados al narcotráfico, cuando se resisten a cultivar la hoja de coca”.
Luis C. espera que su solicitud de refugio sea admitida lo más pronto posible. “El éxodo de colombianos por la violencia no ha cesado. Algunos migrantes aprovechan la vía marítima para salir con sus familias hasta el puerto de San Lorenzo, en Esmeraldas”, cuenta Carlos Borja, técnico de Movilidad Humana de la Prefectura de esa provincia.
Florencio, otro colombiano de Magui Payán, que es una zona minera del Pacífico, cuenta que a pesar de la presencia de la Policía de su país, las amenazas de exguerrilleros tienen en zozobra a la población. Por eso que decidió huir.
Él ahora vende caramelos en las calles.La falta de empleo es uno de los problemas que enfrentan los extranjeros en situación de movilidad, explica Diana Ayerbe, coordinadora del Eje Andino de la Fundación de las Américas (Fudela).
Esta institución, por ejemplo, ofrece talleres de gastronomía, contabilidad, marketing, entre otros, con el apoyo de universidades e instituciones superiores.
El objetivo es entregar un diploma que sea reconocido en el lugar de acogida para que los foráneos tengan más oportunidades para encontrar empleo.
Wilmer, de 27 años, se capacita en estos espacios. Él tuvo que abandonar el país cafetero. Vivía en Cali. Un día, un hombre que se identificó como miembro del Clan Úsuga, también denominado Clan del Golfo, le invitó a ser parte de esta agrupación.
Le sorprendió al ver que conocían los lugares en donde vivía y trabajaba. Una noche el sujeto lo visitó y le dijo que esperaba una respuesta hasta el día siguiente. Recuerda que mientras le amenazaba sostenía una pistola en su mano.
Esa noche Wilmer no pudo dormir. Al día siguiente partió rumbo a Ipiales, Colombia. Luego cruzó a Ecuador.
Para este afrodescendiente no ha sido fácil empezar de nuevo. Han pasado tres años y aún no ha conseguido un empleo formal. Asegura que se siente doblemente discriminado por ser afro y colombiano. Actualmente se gana la vida cuidando carros en las vías.