La Ministra de Finanzas compareció el martes 8 de mayo del 2018 a la Asamblea, para hablar de la deuda. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Ministerio de Finanzas no registró cuatro operaciones petroleras, por USD 956 millones, que desde el 2015 sirvieron para obtener liquidez, por no tener garantía soberana, lo cual fue observado en el informe de la Contraloría presentado el mes pasado.
Finanzas no registró estos rubros como deuda sino que los catalogó como “pasivos contingentes por operaciones comerciales”.
Si bien esto no es una garantía del Estado, al ubicar estos rubros como pasivos contingentes se convierten en compromisos que podrían generar un eventual pago por parte del Estado, según el Código de Finanzas Públicas.
Se trata de contratos firmados por Petroamazonas con la empresa china Sinopec en el ITT y la firma Shaya en el campo petrolero Auca y dos preventas petroleras de Petroecuador con Petrotailandia y Oman Trading.
Los recursos de estas tres últimas, según se difundió en su momento, fueron para inyectar liquidez a la caja fiscal.
Estos asientos contables se basaron en el art. 123 del Código de Finanzas Públicas, que señala que solo los compromisos de empresas públicas que tienen garantía soberana son reconocidos como deuda.
El analista petrolero René Ortiz considera que Finanzas se valió de un “artificio” para quitar de la contabilidad estas operaciones.
El examen de Contraloría detalla que la Cartera no proporcionó “la documentación, que permita fijar el monto que se transformó en exigible y por lo tanto debió considerarse como deuda”. Ramiro Crespo, quien fue veedor en el examen, dijo que el organismo anunció una auditoría sobre este tema.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explica que un pasivo contingente se establece normalmente para situaciones judiciales, como el caso del arbitraje que Ecuador perdió con la estadounidense Burlington.
Este Diario solicitó el martes, 8 de mayo del 2018, la versión de Finanzas sobre el tema, pero no hubo respuesta hasta el cierre de la edición.
Operaciones de Shaya en el campo Auca
En el 2015, Petroamazonas y Shaya (filial de Schlumberger) firmaron un contrato por “provisión de servicios específicos”, en el campo Auca. Shaya entregó USD 1 000 millones “como contrapartida de la disponibilidad y aprovechamiento del activo intangible”. Esta operación se registra como pasivo, aunque para Luis Calero, experto en legislación petrolera, “se trata de un grave error”. Según Calero, esta es una operación de financiamiento. “Además, no tiene por qué ponerse como pasivo del Estado si es un contrato de una empresa pública”.
Sinopec presta servicios por USD 187 millones
El contrato que Petroamazonas celebró en agosto del 2016 con la empresa china Sinopec, por USD 187 millones, también consta en este grupo de pasivos que el Estado no ha registrado como deuda pública.
Se trata del contrato de prestación de servicios de perforación y completación de pozos en el campo Tiputini.
Finanzas, en su sitio web, explica que este rubro se estableció para el pago de todos los montos del contrato, en el caso de que Petroamazonas deje de realizar esos pagos de conformidad con el convenio suscrito.
Preventa de petróleo con la firma Oman Trading
En diciembre del 2016, Petroecuador firmó un contrato en el que se comprometió a entregar fuel oil a 30 meses a Oman Trading, a cambio de USD 300 millones.
El monto de esta preventa es otro pasivo contingente. De acuerdo con Finanzas, se realizó por concepto de “pago de todos los montos pendientes de pago y exigibles del prepago y recargos, que sean vencidos y estén pendientes de pago bajo el contrato de suministro”. Para René Ortiz, la actual Ministra debe “corregir este procedimiento y cumplir lo que dispone Contraloría”.
Venta anticipada con PTT consta como pasivo
Igual que con Oman Traiding, Finanzas registró dentro de los pasivos contingentes los USD 600 millones que recibió por un contrato a cinco años, de venta anticipada de petróleo a la empresa tailandesa PTT Internacional Trading, en enero del 2016.
El dinero de esta preventa entró en las arcas fiscales en diciembre de ese año y el exministro de Finanzas, Fausto Herrera, confirmó que autorizó a Petroecuador a realizar esta operación.
Contraloría recomendó a Finanzas registrar todas las preventas como deuda.