2 de mayo de 2019 00:00

El Ministerio de Finanzas tendrá menos margen para cambiar el presupuesto

Uno de los gastos que más crece en los presupuestos es el de los salarios públicos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Uno de los gastos que más crece en los presupuestos es el de los salarios públicos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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En siete de los últimos 10 años, el Presupuesto del Estado que aprobó la Asamblea terminó incrementándose al final de cada año y el país gastó más de lo esperado.

El Ministerio de Finanzas puede modificar el presupuesto debido a que el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas (Coplafip) le otorga la facultad de incrementarlo o reducirlo en máximo un 15% en relación con lo aprobado por el Legislativo.

Pero a pesar del techo, en la última década la ejecución presupuestaria creció por encima del límite legal en tres ocasiones y, por ende, el país requirió mayor endeudamiento. El mayor incremento del gasto se registró en el 2013, cuando el presupuesto creció casi en un 30%.

Fuente: Ministerio de Finanzas

Este año, el Gobierno planea poner límites a esa facultad otorgada en el 2010 a Finanzas.

Este miércoles 1 de mayo del 2019, el Ministerio anunció que implementará un plan de acción para modernizar las finanzas, que incluye la propuesta de reformar el Coplafip para que el margen de maniobra para modificar el presupuesto se reduzca al 5%.

Este mes se enviará el proyecto de ley al Ejecutivo y en junio se espera que el documento se envíe a la Asamblea.

Daniel Baquero, investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), cree que es positivo que se reduzca el margen de ajuste que tiene el Fisco, que es discrecional. “El cambio otorgará más certezas y orden al manejo de los recursos”, indicó.

Baquero destaca que esta modificación debe ir de la mano con el cumplimiento de medidas como la fijación de techos a los gastos de los ministerios, y la implementación de límites en la entrega de anticipos a contratistas y proveedores, que también se mencionan dentro del plan anunciado este miércoles por el Gobierno.

La implementación de este plan es uno de los compromisos que el Gobierno adquirió al suscribir la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque no existe una norma específica que determine cuál es el monto ideal para modificar el presupuesto de un país, en un informe realizado por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI (FAD), en septiembre del año pasado, el multilateral señaló que esta autorización para modificar el presupuesto provoca indisciplina fiscal y problemas de manejo de caja, ya que se debe afrontar la presión de nuevos gastos no programados.

Para dotar de flexibilidad a la ejecución, el multilateral propone que la Asamblea apruebe cambios solo en casos restringidos, por ejemplo, si hay un mayor gasto provocado por grandes imprevistos que no pueden financiarse por recortes de otros rubros.

El informe del FAD hizo 20 observaciones al manejo de las finanzas del país. Y con este plan, el Régimen plantea cambios para subsanar esos temas.

Por ejemplo, el FAD señaló que para promover la transparencia en la elaboración del presupuesto se debe incluir en la Pro forma documentos de análisis de los riesgos fiscales: riesgos macroeconómicos, deuda de empresas públicas, riesgos legales como arbitrajes, etc. El plan del Gobierno acoge esa sugerencia.

Finanzas, además, decidió eliminar los llamados Certificados de Tesorería (Cetes), cuya utilización ya fue observada por la Contraloría.

A través de estos papeles el Fisco consigue liquidez a un plazo menor a 360 días y, por tanto, no se registran en el cálculo de la deuda pública. Sin embargo, el Gobierno anterior -según la Contraloría- usó estos instrumentos por más largo tiempo, lo cual llevó a subestimar la deuda del país. Hasta marzo, el saldo en Cetes fue de USD 3 524 millones.

El plan propone un proceso de desinversión progresiva del saldo vigente de Cetes.

En septiembre del 2019 se presentará un informe para luego sustituir los Cetes por otro mecanismo a corto plazo que permita tener liquidez, “con especificaciones que garanticen su uso dentro del año presupuestario en el que fue emitido y colocado”.

Baquero señala que este cambio es importante para que el monto de deuda pública sea transparente.

El plan también plantea establecer un plazo máximo de 90 días, contados desde el registro de la factura, para cancelar a los proveedores que actualmente no tienen una fecha legal para recibir el pago.

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