28 de agosto de 2020 00:00

Filtración de datos se sanciona y puede anular las pruebas

El 5 de junio pasado, la Corte Nacional procesó al exlegislador Daniel Mendoza

El 5 de junio pasado, la Corte Nacional procesó al exlegislador Daniel Mendoza. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La diligencia es reservada. Los peritos, abogados y quienes asistan a una cita judicial en la que se extraiga información de aparatos tecnológicos incautados deben jurar que guardarán la reserva de los datos encontrados.

Esta es una disposición del Código Penal (art. 477). La misma norma dice que si unapersona difunde información decirculación restringida será sancionada con cárcel de uno a tres años.

El miércoles se publicaron detalles que supuestamente constan en un teléfono celular, una grabadora y un dispositivo de almacenamiento analizados en la trama del Hospital de Pedernales. Allí están procesados el exlegislador Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero.

Según esos datos, las pericias técnicas mostraron un presunto reparto de los hospitales públicos y allí se mencionó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Apenas se conoció la filtración, la Fiscalía señaló que los resultados de la investigación sobre los aparatos todavía no están judicializados y que esto “podría incluso invalidarlos como prueba”.

La norma penal vigente advierte que “todo elemento de convicción obtenido con violación de la ley carecerá de eficacia probatoria, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal”.

Según la Fiscalía, los elementos encontrados en los aparatos primero deben ser “sometidos a un análisis jurídico exhaustivo” y luego ser incluidos en el expediente.

El penalista Álvaro Román advirtió que se debe analizar cómo se consiguió la información. “En caso de que se confirme que alguien la haya filtrado de manera fraudulenta podría generarse una exclusión de la prueba, pero si así lo determina el juez”.

Apenas ocurrido el hecho, la defensa de Jorge Jalil -uno de los procesados junto con Mendoza- señaló que las evidencias halladas en los equipos electrónicos “carecen de eficacia probatoria y deberán ser excluidas”.

“Mientras se realizaba la diligencia (para extraer los datos) se transmitía en vivo y en directo la información que única y exclusivamente debía haberse reproducido en esta diligencia judicial”, manifestó Jorge Luis Ortega, abogado de Jalil. “Esto evidencia que se ha violado la cadena de custodia”.

Romo también habló ayer sobre los chats hallados en un celular que el miércoles fue sometido a peritaje.

“En ninguna conversación se habla de un contrato, de una obra, de la designación de un encargado de un hospital. Ninguna conversación es sobre una incorrección, delito o una ilegalidad”, dijo la funcionaria a este Diario.

Romo aseguró que lo publicado sobre el presunto reparto de hospitales es una infamia. “No es un mapa, es un dibujo. No sé quién es el autor. No sé lo que pretenden”.

Fiscalía pidió no difundir “contenidos que puedan interferir con procesos judiciales que están en desarrollo”.

Horas después de esta advertencia, en el chat de la entidad una persona divulgó otro documento relacionado con una investigación que está bajo reserva.

“Pedimos no compartir contenidos que tienen reserva de ley”, reiteró el ente.

En el 2017 también hubo problemas en el caso Odebrecht. El exvicepresidente Jorge Glas pidió excluir una prueba en el juicio por asociación ilícita.

Señaló que un pendrive, con e-mails, chats y videos, no se debía tomar en cuenta porque la computadora desde donde se extrajo esa información no aparecía.

Ese dispositivo fue entregado por Alfredo Alcívar, excolaborador de Ricardo Rivera, tío de Glas. El exhombre de confianza dijo que botó el equipo luego de haber entregado el pendrive a la Fiscalía y que así no se involucraba en problemas.

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