Como en anteriores ocasiones, varios líderes políticos calificaron como una “fiesta democrática” a la Consulta Popular que tuvo lugar el pasado fin de semana. Siempre me ha resultado extraña tal expresión aunque, pensándolo bien, describe la naturaleza de los recurrentes eventos electorales que, con cada vez mayor frecuencia, tienen lugar en el Ecuador del siglo XXI.
Como en toda “fiesta”, los organizadores no escatimaron gastos. Según este diario, la consulta de la semana pasada le costó a la caja fiscal más de USD 30 millones, que se suman a los USD 180 millones que han costado los distintos procesos electorales que el Gobierno ha impulsado desde el 2007. Aparentemente este ritmo de gasto no menguará en el futuro, pues un importante líder político del Régimen aseguró que va a “seguir consultando todo lo que sea necesario”, mientras otro justificó tanto gasto bajo el criterio de que “la democracia no tiene precio”. Es claro que ninguno de ellos está pagando la “fiesta” con su dinero.
Pero estas cifras apenas recogen una fracción de los costos vinculados a los recurrentes eventos electorales que, como todo festejo, afectan a la productividad de las actividades públicas y privadas e imponen una pesada carga a la economía del país.
Dado que en las gestas electorales del siglo XXI los ciudadanos no sólo son convocados a elegir a sus mandantes, si no a decidir hasta sobre los más nimios asuntos de la vida diaria, el simple anuncio de un nuevo proceso electoral introduce tal grado de incertidumbre, que industrias enteras entran en un compás de espera, durante el cual rehacen planes de negocios y postergan inversiones, afectando negativamente la generación de producción y empleo. Probablemente el costo de lo que distintos actores económicos “dejan de hacer” durante cada ciclo electoral, superan con creces a los costos directos mencionados.
A lo anterior hay que sumar el hecho de que una buena cantidad de funcionarios públicos y legisladores -que no se destacan por su alta productividad- descuidaron sus responsabilidades para dedicar buena parte de los últimos 60 días a los preparativos de la “fiesta” del pasado fin de semana. Incluso la productividad de los empleados privados se afectó, por el Decreto presidencial que les otorgó la posibilidad de tomar medio día libre en preparación al sufragio.
Encima de todo, se trata de una “fiesta” en la que está prohibido el consumo de alcohol. Prohibición que, además de perjudicar a innumerables industrias del entretenimiento, tiene poco sentido pues parecería que muchos ecuatorianos igual terminan votando de manera errática.
En todo caso, con alcohol o sin alcohol, al final la resaca llega cuando nos damos cuenta de que, mientras aquí nos pasamos de fiesta en fiesta, el resto del mundo trabaja y nos va dejando atrás.