22 de mayo de 2019 00:00

El Gobierno busca un filtro militar en el ingreso a las cárceles de Ecuador

Los militares realizan un control en una avenida aledaña a la cárcel de Cotopaxi. Foto: Glenda Giacometti  / EL COMERCIO

Los militares realizan un control en una avenida aledaña a la cárcel de Cotopaxi. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Una semana después de que el Gobierno declarara el estado de excepción en las cárceles y dispusiera la movilización de la Policía, de las Fuerzas Armadas y otros, ahora se busca que los soldados vigilen directamente el primer filtro de ingreso a las penitenciarías del país.

Se trata de un “encargo excepcional, amparado en la emergencia (carcelaria)”, explicó la ministra del Interior, María Paula Romo.

Hasta este martes 21 de mayo del 2019, los militares controlaban armas y explosivos únicamente en las calles y avenidas aledañas a las cárceles. Así operan desde el primer día de la declaratoria.

En las puertas de los centros de rehabilitación, en cambio, se ubicaban policías.

“No hemos recibido la disposición de ejecutar controles en las entradas ni de registrar a la gente. Tampoco estamos facultados legalmente para eso”, advirtió un oficial.

La Constitución (art. 158) señala que las FF.AA. tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”.

Para la ministra Romo, si los soldados asumen el primer filtro, entre 1 500 y 2 000 policías que actualmente ejecutan el control externo de las cárceles quedarían libres y entrarían a realizar las requisas. Sin embargo, en la declaratoria del estado de excepción se dice que estas tareas se realizarán solo “en casos de extrema necesidad”.

En la hoja de ruta del director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, el primer paso para atender la emergencia es “pacificar las cárceles”. Para esto “necesitamos el apoyo de las FF.AA. Ahí debe estar el Ejército, controlando el primer filtro y el perímetro”.

Según el funcionario, actualmente las autoridades elaboran un protocolo para normar tareas, como la revisión de ambulancias o camiones que ingresan con comida o víveres para los economatos (pequeñas tiendas).

Ese protocolo servirá para establecer qué competencias tienen las FF.AA. en el primer filtro y cuáles serán las tareas que asumirá la Policía en el interior de los centros.

La creación de un control militar en las puertas preocupa a los familiares de los privados de libertad. Dicen que actualmente ya reciben un trato “indigno” durante los días de visita. “Venimos con nuestros hijos. Como mujeres y madres tenemos que soportar que nos toquen, que nos revisen en nuestras partes íntimas. Los niños se asustan”, contó la esposa de un detenido que se encuentra en Cotopaxi.

Otra mujer, de 67 años, recordó el día en que fue sujetada por un policía en la fila de ingreso. “Creo que se equivocaron de persona, pensaban que yo escondía droga. Una señorita policía me agarró del brazo, me gritó y me puso contra la pared”.

El exjefe militar Ernesto González aseguró que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a la seguridad y más si es un estado de excepción. “Pero debe hacerse de forma regulada. Todos los procesos deben estar muy claros para que los militares sepan qué cosas no se permiten y qué cosas deben confiscarse. Esto debe ir de la mano con la tecnología para detección de objetos prohibidos”.

Para la exdefensora del Pueblo, Gina Benavides, los militares no están preparados para enfrentar la situación carcelaria. “No han recibido formación en rehabilitación social y tienen escasos conocimientos del trabajo de los derechos humanos ni para intervenciones en temas de seguridad ciudadana”.

También muestra su inquietud por el trabajo policial dentro de las cárceles. “Al meter policías en los centros de rehabilitación se corre el riesgo de repetir situaciones como las ocurridas en Turi, Cuenca, en donde hubo tortura y tratos crueles a los internos”.

En los informes que la Defensoría del Pueblo elaboró sobre la situación de las cárceles, se establecieron 17 problemas. Uno de estos es la falta de agentes penitenciarios para atender a los presos.

Por eso, el control de los pabellones de máxima seguridad está a cargo de la Policía. En estas zonas se reporta mayor violencia y muertes.

Según Benavides, con la presencia policial hay el riesgo del uso excesivo de la fuerza. “Tuvimos el caso de un señor que terminó con una discapacidad del 70% de su cuerpo después de un amotinamiento”.

La lesión se produjo luego de que un policía disparara a la turba. El interno recibió perdigones y no fue atendido en un hospital. “Lo llevaron al policlínico y le dieron alguna pastilla, pero ahora él tiene una discapacidad grave”.

El último amotinamiento, ocurrido el domingo en la Penitenciaría del Litoral, se produjo luego del asesinato de un interno a manos de otro. Este último fue ajusticiado.

En medio de estos hechos, ayer el presidente Lenín Moreno nombró a su secretaria Jurídica, Johana Pesántez, como delegada al Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social.

Ella presidirá el Directorio, que está conformado por delegados de siete ministerios.

En contexto

El jueves pasado, el pre­sidente Lenín Moreno de­claró en estado de excepción al sistema de rehabilitación social. El Decreto 741 se emitió tras la muerte de 31 reclusos, desde el 2018 hasta estos días. 24 fueron asesinados por otros reos.

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