8 de febrero de 2019 00:00

Exagentes del caso Balda insistirán en el pedido para rebaja de penas

A la izquierda aparece el activista político Fernando Balda, y a la derecha, la agente procesada, Diana Falcón. Foto: API

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Redacción Seguridad

Dos agentes penitenciarios custodiaron en todo momento a los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Mientras el activista político Fernando Balda daba su versión ante los jueces, los dos permanecieron en la sala de la Corte Nacional de Justicia.

En el cuarto día de juzgamiento en contra de los expolicías, Balda relató en detalle cómo fue plagiado en Bogotá.

Dijo que todo comenzó cuando él y un amigo salían de un local comercial, que fueron interceptados por cuatro personas que usaban terno y que tenían dos pistolas.

Frente a los magistrados Miguel Jurado, Sylvia Sánchez y Édgar Flores, aseguró que lo agarraron por la espalda, que se resistió, que golpeó para intentar escapar y que uno de los secuestradores le puso un pañuelo en la boca y lo metieron a un auto con vidrios oscuros.

Balda recordó que poco después sus secuestradores se encontraron con un retén de policías, quienes pidieron detener la marcha del vehículo.

Aseguró que uno de los armados le apuntó y le advirtió que si hablaba le mataría. “Finalmente pude hacer señas a los policías del retén, quienes lograron rescatarme. Luego inició la persecución contra los secuestradores y la Policía de Colombia pudo capturarlos”.

La sala escuchaba este relato. Esos datos coinciden con la información que desde el inicio de la diligencia han recabado los magistrados.

De hecho, la Fiscalía presentó 20 testigos y documentos. Dicen que Chicaiza y Falcón sí participaron en el secuestro de Balda, pero por orden del exjefe de la Senain (Secretaría de Inteligencia) Pablo Romero y que las órdenes fueron siempre aprobadas por el entonces presidente de la República, Rafael Correa. Uno de los peritos que confirmó ese dato es Andrés Salazar.

El general Fausto Tamayo, quien a la fecha del plagio era director de Inteligencia de la Policía, también expuso que Romero fue quien pidió que Chicaiza y Falcón trabajaran en la hoy extinta Senain.

Además, aseguró que desde el momento en que los exuniformados pasaron a esa entidad, únicamente seguían las órdenes de Romero y no de los jefes policiales.

Romero se encuentra en España. El 8 de noviembre pasado, las autoridades de esa nación accedieron a la solicitud planteada por Ecuador para extraditarlo. El pedido fue planteado el 13 de julio pasado.

El exjefe de la Senain fue llamado tres veces por la Fiscalía, pero se negó a dar su versión en el caso. Su defensa dijo que no había condiciones.

El proceso legal que se sigue en contra de Romero y Correa está parado, pues ambos se encuentran fuera del país. Por eso, la actual diligencia se centra en Chicaiza y Falcón.

Dos funcionarios de la Fiscalía de Colombia que hablaron el miércoles en la Corte Nacional de Justicia también se refirieron a lo que hicieron los exagentes. Aseguraron que Chicaiza estuvo encargado de alquilar el vehículo, para perpetrar el delito.

Su firma consta en un documento de registro, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía colombiana.

En esta semana también se presentó en la Corte Nacional de Justicia el testimonio anticipado que había entregado Chicaiza. En el audio explicó, por ejemplo, que el 3 de mayo del 2012 se reunió con Romero y que él le habría ordenado que se infiltrara en un encuentro de activistas políticos.

En ese testimonio además manifestó que habría mantenido conversaciones con Correa y que la cadena de mando para ejecutar las operaciones venía desde la Presidencia. El audio duró más de cuatro horas y relató detalladamente cómo se ejecutó el plagio.

Ayer 7 de febrero del 2019, la Fiscalía terminó de presentar las pruebas testimoniales y documentales.

Para hoy está previsto que se conozcan los alegatos finales.
De encontrarse culpables, los exuniformados podrían ser condenados a penas de hasta siete años. Sobre este ilícito, el Código Integral Penal (artículo 161) señala: “La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

La defensa de ambos procesados ya había pedido que sus clientes se acojan a un acuerdo de cooperación eficaz, para obtener penas más bajas.

La fiscal general (e), Ruth Palacios, y la defensa de Balda no se opusieron, pero el Tribunal Penal rechazó el pedido. Los jueces aseguraron que la solicitud debió ser planteada en una fase anterior del proceso.

El abogado insistirá en la petición, pues los peritos incluso han dicho que la cadena de mando era vertical y que los detenidos solo recibían ordenes de sus superiores.

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