El activista político Fernando Balda (centro) aparece junto a su abogado Felipe Rodríguez (derecha), en la Corte Nacional de Justicia. Foto: API
Los exagentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón llegaron custodiados por dos guías penitenciarios e ingresaron a la sala de audiencia de la Corte Nacional de Justicia.
Los dos miraron por la ventana y permanecieron en silencio. Luego arribaron la fiscal general (e), Ruth Palacios, y el activista político Fernando Balda, junto a sus abogados.
Un poco después de las 14:00, el Tribunal Penal -conformado por los jueces nacionales Miguel Jurado, Sylvia Sánchez y Édgar Flores- dio inicio a la audiencia en donde se conoció la sanción para los dos expolicías señalados por el secuestro de Balda.
Después de 50 minutos de haber iniciado la diligencia, los magistrados declararon culpables a ambos exagentes y dijeron que son autores del plagio.
Los jueces resolvieron, por unanimidad, que los acusados pagaran una sentencia de un año con nueve meses y 22 días de reclusión menor en centros de rehabilitación del país.
Además, ordenaron la reparación integral a la víctima, que implica las disculpas públicas.
Diana Falcón (izquierda), junto a Raúl Chicaiza (cruzado de brazos) y su abogado Diego Chimbo, en la audiencia realizada el pasado jueves 14 de marzo de 2019. Foto: API
El próximo 20 de marzo, los exagentes cumplirán un año en la cárcel. Es decir, deberán pagar 10 meses más y podrán salir en libertad.
Tras conocer el fallo, la fiscal Palacios dijo que “la sentencia está dentro de los parámetros que Fiscalía anhelaba”. Inicialmente, la pena hubiese sido de nueve años de prisión, pero los magistrados acogieron el pedido de cooperación eficaz de los acusados. Es decir, colaboraron con la justicia y se aceptó la rebaja de penas.
Fernando Balda improvisó una rueda de prensa e indicó que “se ha hecho justicia en una parte” y que “ahora resta enjuiciar a quienes ordenaron el secuestro”. De hecho, en este proceso también están llamados a juicio el expresidente de la República Rafael Correa y el exjefe de la Secretaría de Inteligencia Pablo Romero.
Pero ellos no podrán ser juzgados hasta que regresen al país. El exmandatario se encuentra en Bélgica desde el 2017 y Romero está en España, en un proceso de extradición.
El pasado 28 de febrero, la jueza nacional Daniella Camacho insistió por segunda ocasión en el pedido para que la Policía Internacional (Interpol) emitiese la difusión roja, para que se localice y se capture a Correa. El primer pedido en ese sentido fue rechazado en diciembre de 2018.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, señaló que en esta segunda solicitud se incluyeran más evidencias y que la sentencia en contra de los exagentes permitirá que la Interpol reconsidere su decisión.
Durante la audiencia de ayer, el juez Miguel Jurado recordó cómo ocurrió el secuestro.
Contó, por ejemplo, que Balda fue interceptado por cinco personas y que fue llevado a la fuerza a un automóvil.
También señaló que dentro del vehículo, los sospechosos le agredieron físicamente y que eso le causó heridas. Por eso estuvo siete días en reposo.
El magistrado además sostuvo que las pruebas psicológicas que le practicaron a la víctima muestran que el secuestro le causó estrés postraumático.
Durante su intervención, el juez añadió que los exagentes cumplían las órdenes de Pablo Romero y que los lineamientos y el financiamiento para secuestrar a Balda se emitieron por funcionarios públicos.
Otro detalle tiene que ver con que Raúl Chicaiza viajó cinco veces a Colombia acompañado de Diana Falcón, para planificar el ilícito, y que ambos eran conscientes de que estaban cometiendo un delito.
Durante el proceso, el magistrado también conoció que Chicaiza recibió dos cheques -por USD 10 000 y 11 280- para pagar a los secuestradores y alquilar el vehículo con el que lo retuvieron.
Al finalizar la diligencia, Balda y sus abogados se abrazaron. Mientras que los exagentes se quedaron sentados con los brazos cruzados. Solo veían al piso y escuchaban lo que su abogado, Diego Chimbo, les decía. Luego se levantaron y salieron de la sala de juzgamiento con resguardo de agentes penitenciarios.
Balda, en cambio, indicó que viajará a Colombia para dar a conocer a las autoridades judiciales de ese país la sentencia que se ha dado en el caso.
El año pasado, la defensa del activista pidió a la Fiscalía colombiana que investigara una supuesta violación a la soberanía de ese país al perpetrar el plagio. La solicitud se fundamenta en que policías ecuatorianos viajaron a Bogotá para cometer el delito.
La defensa de Balda no quiere que el caso quede impune y que se sancione a todo nivel por lo sucedido.