4 de abril de 2019 00:00

Fernando Alvarado irá a juicio en ausencia por caso Secom

La fiscal general (e), Ruth Palacios (der.), acudió ayer a la audiencia preparatoria de juicio.

La fiscal general (e), Ruth Palacios (der.), acudió el pasado miércoles 3 de abril de 2019 a la audiencia preparatoria de juicio. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero Muñoz
Redactora (I)

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Cuatro procesados en el caso Secom serán juzgados como coautores del delito de peculado. La resolución la tomó ayer la jueza nacional, Sylvia Sánchez, tras una hora de análisis.

En esa lista aparece el exsecretario de Comunicación del correísmo Fernando Alvarado, quien se encuentra prófugo.

Quienes sí están en el país son el exsubsecretario de Comunicación Pablo Yánez, el exfuncionario de la Secretaría de Comunicación Galo Pacheco, y el exproveedor de la Secom Carlos Bravo.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, que se desarrolló en la Corte Nacional (Quito), la magistrada los llamó a juicio, pues consideró que existen suficientes “evidencias para presumir que cometieron el delito”. Según el Código Integral Penal (art. 278), el peculado tiene una sanción de 10 a 13 de años de cárcel.

La norma penal también establece que ese ilícito es imprescriptible. Además, “los sentenciados quedarán incapacitados de por vida a ocupar cargos públicos o trabajar en entidades financieras”.

En la Constitución (art. 233), se establece además que en delitos como el peculado “los juicios se iniciarán incluso en ausencia de las personas acusadas”. En este caso, Alvarado podría ser sentenciado, pese a que está prófugo de la justicia.

En agosto del 2018, Alvarado en una audiencia.

En agosto del 2018, Alvarado en una audiencia. Foto: Archivo EL COMERCIO


En este caso, el delito se relaciona con supuestas irregularidades en la contratación de un camarógrafo que estaba encargado de monitorear a medios opositores y elaborar productos audiovisuales para las sabatinas de Rafael Correa.

A la cita judicial de ayer, que se instaló a las 11:10, acudió la fiscal general encargada, Ruth Palacios, los representantes de la Procuraduría y de la Contraloría General del Estado.

Además, estaban los abogados de los cuatro procesados.

Durante la diligencia, los defensores permanecieron en silencio, con la mirada en el piso.

Solo escuchaban la intervención de la jueza nacional.

La magistrada detalló los hechos que la Fiscalía recopiló durante la investigación. Por ejemplo, dijo que la fiscal Palacios sustentó su acusación en un informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General.

Luego añadió que Fernando Alvarado le delegó a Pablo Yánez que contrate al camarógrafo Víctor Erique (hoy fallecido), para que realice insumos audiovisuales y rastree a medios de Loja, El Oro y Zamora.

Según las pruebas de la Fiscalía, el camarógrafo enviaba los videos a una productora audiovisual, representada por Carlos Bravo. A su vez, esta empresa enviaba los productos a la Secretaría de Comunicación, para que sean usados en los enlaces ciudadanos.

En Criminalística se realizaron 68 pericias de audio y video para analizar una supuesta duplicidad de trabajos.

Según las investigaciones, el Estado tuvo que hacer doble pago por los mismos videos.

En la audiencia del 8 de marzo, la Fiscalía detalló que los cuatro procesados “participaron de manera decisiva en el delito”. En esa ocasión, la fiscal Palacios detalló que el perjuicio para el Estado sería de USD 12 000. Pero la Procuraduría del Estado calculó un monto de USD 54 000 más IVA.

La jueza Sánchez también dijo que en el expediente consta que la Secom no tenía una metodología de trabajo ni justificó la contratación del camarógrafo. Además, que Alvarado conocía cada detalle del contrato y de lo que ocurría en el interior de la institución.

En la audiencia de ese 8 de marzo, la Fiscalía también presentó 102 pruebas, entre testimonios, documentos y pericias para acusarlos de coautores del delito.

Ayer, durante la diligencia, la magistrada explicó que se les indaga como coautores porque supuestamente “cumplieron un rol específico para cometer el delito”.

En diligencias previas, los abogados de los acusados solicitaron a la jueza que excluyan pruebas, porque las consideran “improcedentes e ilegítimas” (ayer no hablaron).

Por ejemplo, Carlos Alvear, abogado de Alvarado, pidió que se retire del expediente un informe pericial tributario y financiero, porque la perito tiene en su contra dos glosas civiles y cuatro administrativas.

Pero la jueza Sánchez no aceptó retirar esa evidencia, pues considera que la perito no ha sido sancionada con suspensión o destitución.

La jueza excluyó únicamente una prueba: la pericia que se realizó a una conversación de chat que mantuvieron Alvarado y su defensa. Ella sostuvo que eso es parte de “la privacidad de los juristas y sus clientes”. El resto de evidencias sí se considerarán durante la etapa de juicio que será tramitado por un Tribunal Penal.

Tras emitir su dictamen, la magistrada ordenó que se mantenga la orden de prisión preventiva en contra de Alvarado y para los otros investigados la presentación periódica ante una autoridad judicial y la

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