30 de diciembre de 2018 00:00

Un fenómeno mundial que no conoce límites

En Brasil, la gente protestó en contra del Gobierno por los escándalos de corrupción. Fotos : AFP y EFE

En Brasil, la gente protestó en contra del Gobierno por los escándalos de corrupción. Fotos : AFP y EFE

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Nancy Verdezoto

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Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, México, Argentina, España, Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Rusia y la lista continúa. El 2018 demostró que ningún país ni gobierno está exento de corrupción.

Este es un mal que ha dejado grandes pérdidas económicas, serias secuelas en las democracias y la reducción en la confianza de las instituciones estatales.

La corrupción es un problema casi tan antiguo como el ser humano, quizás por eso resulta tan “normal” y existe en todos los niveles sociales y laborales. Uno de los primeros casos documentados de este problema se remonta al período del faraón egipcio Ramsés IX, en 1100 antes de Cristo. A partir de entonces, los casos solo han ido en aumento a lo largo de la historia.

Las grandes civilizaciones, que sirvieron de modelo para nuestras democracias actuales, como la griega, estaban plagadas de delitos y de conspiraciones para beneficiarse del esfuerzo ajeno.

Conceptualmente se cree que la corrupción es menor o casi inexistente en las naciones en donde las instituciones públicas son más fuertes, pero los hechos han demostrado que no hay Estado que se libre de esta problemática.

Según Luis Espinosa Goded, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, la corrupción se produce por cinco razones: “Unas personas inmorales tienen poder discrecional de decisión sobre el dinero público, en estructuras institucionales ­débiles y opacas y no reciben una sanción ni judicial ni social”.

De allí que en los mayores escándalos de corrupción, como el de Odebrecht, estén involucradas las máximas autoridades de los países. Ellas se encargaron de adjudicar a la empresa brasileña las más importantes obras de infraestructura, y siempre obtuvieron alguna tajada del contrato de concesión.

De acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, cada año la corrupción cuesta al menos USD 2,6 billones o el 5% del producto interno bruto mundial. A esto se suman datos del Banco Mundial que estiman que las empresas y las personas pagan más de un billón de dólares en sobornos anualmente.

Este dinero que se llevan los corruptos implica pérdidas en el desarrollo social de una nación, significa quitar dinero para las escuelas, hospitales, seguridad social e inversión en infraestructura básica. Representa más pobreza, más desigualdad, menos inversión privada y, también, menos transparencia.

Los gobiernos demostraron que son permeables a este tipo de ilícitos porque los políticos llegan para servirse no para atender las necesidades del pueblo que los eligió.

De hecho, un fenómeno extraño sucede cuando se habla de democracia directa (elecciones) en el mundo.

Eduardo Engel, un economista chileno que ha trabajado como consultor del Banco Mundial y del BID, en un análisis hecho en el diario La Tercera de Chile señaló que cuando se trata de comicios, los electores prefieren reelegir a las autoridades, a pesar de que hayan sido señaladas por corrupción, antes que apostar por fórmulas nuevas. La masa se mueve por la lógica de que ‘aunque robe, al menos hace obras’.

Esto explicaría por qué en países como Estados Unidos el 67% de los miembros de la Cámara Baja involucrados en algún escándalo fue reelegido para sus cargos.

A pesar de que la gente considera que la honestidad es fundamental para el ejercicio de las funciones públicas, saber que van a tener obras para sus ciudades o regiones pesa más. Incluso, así sepan que por cada obra hecha la autoridad se llevará -al menos- 40% del valor contratado.

La falta de transparencia facilita que este tipo de ilícitos se cometan. Si una nación tiene mecanismos de vigilancia y supervisión de la contratación pública, será más difícil que se realicen contrataciones con sobreprecio. Pero mientras las leyes permitan que existan compras públicas secretas o directas, será más sencillo encontrarse con miles de casos Odebrecht a toda escala.

En el mundo se ha emprendido una serie de iniciativas que permiten la revisión de las alianzas público-privadas (APP), en las cuales se ha producido la mayor cantidad de acuerdos ilegales. Países como Perú, en donde todos los presidentes de los últimos 20 años han sido procesados por corrupción, expidieron una nueva Ley en donde se garantiza la reparación inmediata para el Estado de las empresas o personas que los hayan perjudicado.

Colombia y Panamá
también han emprendido acciones para recuperar el dinero perdido en corrupción, mediante leyes que buscan inhabilitar a las compañías y funcionarios que estén vinculados en ilegalidades. De igual forma, en Ecuador se estableció la obligación de que los candidatos a cargos de elección popular no tengan bienes en paraísos fiscales.

Sin embargo, estas medidas no tendrán un impacto real si es que no existe una administración de justicia independiente y fortalecida. Esta es una de las áreas más permeables a la corrupción, porque de los jueces y fiscales dependen las investigaciones y las sanciones correspondientes.

El Foro Económico Mundial, en su estudio ‘Los retos de la corrupción en América Latina y cómo enfrentarlos’, señala que “los países deberían asegurar que su Procuraduría o Fiscalía General y su rama judicial sean independientes y autónomas; deben fomentar la cooperación legal entre fiscales sin la interferencia de la rama ejecutiva”.

Los miles de casos de corrupción que se develaron este año demuestran que la forma de hacer política está desgastada y que se necesitan cambios reales para que se puedan aplicar nuevas normativas que se ajusten a las realidades mundiales.

Y parte de esas realidades es que algunas poblaciones se animan a protestar en contra de la corrupción de sus gobernantes. Las marchas en Brasil y Corea del Sur, por ejemplo, así lo demuestran.

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