10 de febrero de 2019 17:57

Jueza ordenó medidas de protección para hijos, hermano y madre de Amelia, víctima de femicidio en Pisulí

Una caravana de autos se dirige a un cementerio del Condado para el sepelio. Foto: Julio Estella / EL COMERCIO

Una caravana de autos se dirige a un cementerio del Condado para el sepelio. Foto: Julio Estella / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Una caravana con una docena de vehículos descendió por la calle Luis Vargas Torres, en dirección a un cementerio en el sector de El Condado, en el norte de Quito. Al inicio de la fila de autos estaba la carroza fúnebre que transportaba un ataúd. Las personas vestían de negro y llevaban ramos de flores.

Este domingo 10 de febrero del 2019, a partir de las 13:00 se realizó el funeral de la mujer de 47 años que fue víctima de femicidio. Este hecho ocurrió el viernes, en el sector de Pisulí, en el noroccidente de Quito. En el entierro estuvieron presentes familiares y amigos.


A las 11:30, se realizó la misa en el domicilio de la víctima. Las personas que acudieron a la ceremonia religiosa aún comentaban sobre el ataque mortal perpetrado por su expareja, quien la apuñaló en la calle y en presencia de vecinos.

El sábado, en el hospital donde se encuentra internado el agresor, por haberse provocado heridas con el arma, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos.

En la cita judicial, la magistrada ordenó seis acciones de protección a favor de los hijos, hermano y madre de la mujer.

Con estas medidas, establecidas en el Código Penal (Art. 558), el sospechoso, en caso de que salga libre, no podrá acudir a reuniones donde estén los familiares de la mujer y tampoco acercarse a ellos.

Tendrá prohibido realizar actos de persecución o de intimidación y se les emitirá una boleta de auxilio. El procesado también tiene la orden de salir de la vivienda donde habitaba la víctima del femicidio.

La jueza dispuso que se brinde atención psicológica para el núcleo familiar y que la Unidad de Policía Comunitaria más cercana les active el botón de pánico. La idea es que los gendarmes acudan ante cualquier alerta de auxilio que emitan los familiares de la mujer.

En esa diligencia, además, el detenido fue procesado por el delito de femicidio y la jueza dictó orden de prisión preventiva, mientras dure la fase de investigación pública.

En la norma penal (art. 141), ese delito tiene una sanción de 22 a 26 años de cárcel.

Cuando el agresor salga del hospital será trasladado a la cárcel de Latacunga.

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