Los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Luciano Marín y Sexius Paucias en el Palacio de Convenciones de la Habana, donde se realiza un diálogo de paz con el Gobierno de Colombia. Foto: EFE
Las FARC rechazaron hoy como una “ficción jurídica” el proyecto de ley del gobierno colombiano que prevé medidas para habilitar o inhabilitar en política a insurgentes que se desmovilicen tras la firma de un eventual acuerdo de paz.
El “marco jurídico para la paz”, avalado el pasado miércoles por la Corte Constitucional colombiana, implica “enmarañados mecanismos” para castigar “exclusivamente a la insurgencia”, criticó el líder de la delegación de paz de la guerrilla, conocido como “Iván Márquez”. “Se está extendiendo sigilosamente una telaraña jurídica que pretende al final entrampar a insurgentes sin experiencia”, agregó el guerrillero poco antes antes de reanudar el diálogo con el gobierno en Cuba tras más de dos meses de pausa.
El proyecto de ley del gobierno de Juan Manuel Santos prevé mecanismos de justicia transicional para posibilitar la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen en el futuro. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó también que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o genocidio sistemático no podrán aspirar a cargos políticos.
Las FARC reclamaron hoy que las leyes para su futuro político sean acordadas en el marco del proceso de paz que se celebra en Cuba desde noviembre de 2012. “Para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese acto legislativo (el marco jurídico para la paz) no existe porque no ha sido consensuado”, sostuvo “Márquez”, segundo en la jerarquía de las FARC.
El guerrillero, cuyo nombre verdadero es Luciano Marín, criticó el proyecto de ley avalado por el Constitucional como una “iniciativa unilateral” que “atropella la buena marcha de los diálogos” y que juzga únicamente a la guerrilla.
Se busca que el Estado y sus agentes “persigan y castiguen exclusivamente a la insurgencia, eludiendo su propia responsabilidad”, agregó.
El gobierno de Santos ha rechazado en varias ocasiones una amnistía general para la guerrilla en caso de alcanzar un acuerdo de paz. A cambio, aspira a conseguir mecanismos de justicia transicional para posibilitar la participación en política de guerrilleros desmovilizados.
Las FARC, por su parte, rechazan que sus líderes sean juzgados por lo ocurrido durante el largo conflicto colombiano, que ha dejado más de 220.000 muertos en más de 50 años de guerra.
Ningún proceso de paz en el mundo terminó “con cárcel para sus protagonistas”, aseguró en abril uno de sus portavoces en La Habana. La guerrilla y el gobierno de Santos retomaron hoy el diálogo en Cuba tras más de dos meses de receso. Ambas partes debatirán a partir de hoy el cuarto punto de una agenda de paz de cinco temas, centrado en la situación de las víctimas.