En un comunicado, la Fiscalía explica que dentro de este caso presentaron a ocho testigos, entre agentes investigadores y familiares que presenciaron la agresión. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Estuvo muerta 15 minutos. En uno de los tantos ingresos al quirófano, Mónica no soportó las severas cirugías para remediar las secuelas del ácido en su piel. Y su corazón se detuvo.
En febrero pasado la mujer cumplió 42 años, postrada en una cama. Sus familiares se encargan de cambiarle los pañales, de alimentarla por una sonda, de mantener limpia la cánula colocada en su tráquea para que pueda respirar. También la representan en el juicio contra Alfredo V.P., su exesposo, demandado por tentativa de femicidio.
“El jueves de la semana pasada fue la audiencia. Pero cuando dictaron sentencia cambiaron el delito por lesiones, nada más”, cuenta el hijo mayor de la pareja, quien detuvo a su padre el día de la agresión.
Fue el 5 de marzo del 2016 y hasta antes de esa fecha Mónica no dependía de nadie. Un año atrás se había separado de su agresor, cansada de los continuos maltratos. Lo denunció, sacó una boleta de auxilio y siguió con su vida. Para ayudar a sus tres hijos colaboraba con las tareas de algunos niños del barrio donde vivía, en el suroeste de Guayaquil.
Ese día, mientras caminaba hacia su casa, su expareja apareció repentinamente a sus espaldas y le lanzó un tarro con ácido sulfúrico en la cabeza. El ataque fue captado por las cámaras de una farmacia cercana. En el video, presentado como prueba durante el juicio, también aparece el hijo de la pareja, quien se abalanza sobre su padre hasta arrojarlo a la vereda.
Desde entonces, el joven solo lo ha visto de lejos en los juzgados. La última vez fue el jueves, cuando el Tribunal de Garantías Penales del Guayas dictó una sentencia de 9 años y cuatro meses de prisión contra Alfredo V.P., por lesiones agravadas. También dispuso una reparación simbólica de USD 10 000, pero la familia sabe que el acusado no tiene ese dinero.
La Fiscalía del Guayas apelará ese veredicto. La fiscal distrital, Patricia Morejón, respalda el dictamen de la fiscal del caso, Geoconda Armijos, quien estableció el delito de tentativa de femicidio, según el art. 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el femicidio; y el art. 39, que se refiera a la tentativa. De acuerdo con estos artículos, la pena sería de máximo 26 años de cárcel.
En un comunicado, la Fiscalía explica que dentro de este caso presentaron a ocho testigos, entre agentes investigadores y familiares que presenciaron la agresión. También mostraron el reconocimiento médico realizado a Mónica y a su hija adolescente, también herida durante el ataque.
Sin embargo, durante la audiencia los jueces dijeron que la Fiscalía hizo preguntas muy generales a los testigos, sin referirse al riesgo de la víctima, lo que no aportó claridad al tribunal para que tome una decisión sobre tentativa de femicidio.
Al igual que la Fiscalía, la familia de Mónica tampoco está conforme con el veredicto. Su hijo dice que apelarán en cuanto reciban la sentencia por escrito. No tienen dinero para contratar un abogado propio, así que continuarán el proceso con el defensor público que les fue asignado.
Por ahora, todos los recursos que logran reunir los destinan a los cuidados de su madre. Calcula que, en promedio, necesitan unos USD 1 000 al mes para sus medicamentos, alimentación, cuidados y alquiler del espacio donde ahora vive. Por temor, decidieron trasladarla al norte de la ciudad, lejos de su antiguo hogar.
“Le pagamos a una doctora para que vaya a verla a la casa. Llevarla al hospital es complicado porque hay que pagar una ambulancia (…). El Ministerio de Salud ofreció ayudarnos con una cama especial y una silla de ruedas. Pero esa ayuda todavía no ha llegado”, cuenta su hijo mayor, de 21 años.
Mónica estuvo siete meses hospitalizada. Cuando recibió el alta, su diagnóstico fue de un 90% de discapacidad debido al paro cardiorrespiratorio que sufrió. Su rostro quedó desfigurado por las profundas cicatrices del ácido. Perdió la visión del ojo derecho y una de sus orejas se recogió casi por completo.
“Es duro verla así -dice su hijo-. No nos mira, no se mueve… No sabemos si está algo conciente o si nos reconoce cuando le hablamos”.
Plantones contra el femicidio en el mes de la mujer
Cinco puñaladas acabaron con la vida de Alicia Navarrte. Un corte en el brazo evidencia que intentó defenderse de su agresor, la noche del viernes en un recinto del cantón Daule, en Guayas.
Sus familiares esperaron el fin de semana su cuerpo en los exteriores de la morgue de esta localidad. Ellos acusan a su exconviviente, de quien se había separado hace un año debido a las agresiones que sufría. La joven madre dejó cuatro niños.
En lo que va de este año, 33 mujeres han muerto en mano de sus convivientes. Como una forma de protesta, la fundación María Guare convocó a un plantón este miércoles, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El encuentro será en la Plaza San Francisco del centro de Guayaquil, a las 09:00.