Familiares de Paúl, Javier y Efraín cuestionan versión del canciller; Valencia dijo que decisión de cruzar a Colombia fue 'voluntaria'
La mañana de este 16 de diciembre del 2019, la agencia de noticias AFP recogió las declaraciones que el canciller ecuatoriano, José Valencia, habría emitido este lunes en Ginebra sobre el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de este Diario que fue secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Según esa versión, el canciller José Valencia dijo que “la decisión de cruzar a Colombia de los tres reporteros ecuatorianos asesinados fue voluntaria”.
“Cruzaron, no pidieron permisos a las autoridades para ingresar a territorio colombiano y (...) cuando llegaron allá fueron capturados y finalmente fueron asesinados”, indicó en una entrevista a la AFP el ministro de Relaciones Exteriores.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dice que la posición del canciller es una forma de “lavarse las manos”. “Creo que ya es lo común en el gobierno ecuatoriano y no esperábamos menos del canciller José Valencia. Realmente vemos que es una posición oficialista la que asume sin fundamento alguno y amparándose en una tesis que desde el principio está desvirtuada”.
Relator Especial @EdisonLanza
— Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH (@RELE_CIDH) December 12, 2019
"Consideraciones: 1: Narrativa o tesis de que los periodistas se pusieron en autoriesgo, creemos que si se analizan en globalidad pruebas concluimos que primero pidieron autorización para pasar por un punto regulado por el propio Estado"
También aseguró: “Han querido posesionar esta tesis de una u otra manera y no han podido. Hay evidencia contundente de que esto no fue así y esto lo respalda un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto. Quieren culpar a las víctimas y olvidar su responsabilidad en cuanto a investigar qué sucedió, cómo sucedieron las cosas, cuál es la verdad”.
Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, dijo que la posición de Valencia es absurda.
Ese 26 de marzo, el ingreso a Mataje del equipo periodístico fue registrado por los soldados del retén militar.
Las primeras investigaciones judiciales desarrolladas en el Ecuador determinan que los tres ingresaron a la población ecuatoriana de Mataje-San Lorenzo con permiso del contraalmirante Jhon Merlo, quien, cuando se perpetró el secuestro, comandaba el Mando Unificado de las FF.AA., que opera en la zona fronteriza.
Relator Especial @EdisonLanza
— Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH (@RELE_CIDH) December 12, 2019
"El secuestro y posterior asesinato no fueron y no pueden abordarse como un hecho aislado de una situación de orden público y extremo riesgo que vivió la frontera entre Ecuador y Colombia"
Este dato lo recoge el informe de la CIDH, que también hace notar que un periodista del Diario El Telégrafo fue autorizado a ingresar a Mataje el 24 de marzo del 2018, dos días antes del plagio de los trabajadores de este Diario.
En su parte más importe, el documento concluye además que “ante la falta de medidas para brindar protección a los integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO, resultaría deseable que el Estado examine a través del procedimiento idóneo que contemple la ley nacional, el efecto de las descoordinaciones y omisiones identificadas en este informe”.
Las investigaciones judiciales determinaron que el secuestro de los tres se produjo en suelo ecuatoriano y no en Colombia.
Este dato también fue ratificado en el informe de la CIDH. Allí se dice que los comunicadores fueron interceptados en Mataje por un grupo criminal, que consultó al líder del Frente Oliver Sinisterra sobre qué hacer con ellos.
Más adelante, el Equipo Especial de Seguimiento, que investigó el plagio y el triple crimen dice lo siguiente: “Según la información disponible, éste (alias ‘Guacho’) decidió que fueran trasladados a algunos de los parajes controlados por esta estructura en territorio colombiano. Se trataría entonces de una conducta alternativa de realización del tipo penal de secuestro en las legislaciones de ambos países -art 169 del CP colombiano y 161 del COIP ecuatoriano-”.
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