19 de marzo de 2020 12:11

Decenas de familiares de detenidos por el toque de queda esperan en la Unidad de Flagrancias de Guayaquil

Familiares de los detenidos por el toque de queda aguardan en los exteriores de la Unidad de Flagrancias, junto al Cuartel Modelo, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Familiares de los detenidos por el toque de queda aguardan en los exteriores de la Unidad de Flagrancias, junto al Cuartel Modelo, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
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Un grupo de personas aguarda en los exteriores de la Unidad de Flagrancias, junto al Cuartel Modelo, en Guayaquil. Son más de 100 familiares de los primeros detenidos por infringir el toque de queda en Guayas que arrancó ayer miércoles a las 16:00 y que culminó a las 05:00 de este jueves, 19 de marzo del 2020.

Las puertas del edificio judicial, ubicado en el centro norte de la ciudad, amanecieron resguardadas por dos policías. Los agentes recibieron órdenes de impedir el paso de los parientes de los detenidos, quienes se apegaban a las paredes de vidrio de la entidad para tratar de ver a sus familiares. Desde allí se veía una columna de al menos 12 personas con esposas en las manos y custodiadas por otros agentes.

“Solo quiero entregarle la cédula y saber cómo está”, “mi hijo no sabía del toque de queda”, “lo único que quiero es saber si ya comió” y “a qué hora los van a dejar libres” eran las frases que los familiares repetían a los custodios de las puertas para tratar de ingresar.

Por eso, funcionarios judiciales colocaron en el ingreso de la Unidad de Flagrancia un primer listado del orden de las audiencias agendadas para este jueves. En ese documento se detalló que 35 personas serían procesadas por infringir el toque de queda. Sus audiencias estaban previstas para que se realicen hasta las 10:00.

El Consejo de la Judicatura, a través de un comunicado, informó ayer que los delitos flagrantes de Guayas se realizarían únicamente en el UVC del Cuartel Modelo. De allí que todos los detenidos en Guayaquil, Durán y Samborondón fueron trasladados a esas oficinas judiciales.

Tres fiscales y tres jueces trabajan en estas causas, cuya pena podría estar entre uno y tres años de cárcel.

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