La familia Bucaram prepara el regreso del expresidente Abdalá

Guillaume Long, indicó que el pedido de un salvoconducto humanitario para que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz pueda asistir al funeral de su hermano, Adolfo, es un tema estrictamente judicial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Guillaume Long, indicó que el pedido de un salvoconducto humanitario para que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz pueda asistir al funeral de su hermano, Adolfo, es un tema estrictamente judicial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los Bucaram dicen que el expresidente ya puede volver al país, pues advierten que entre el 7 y el 17 de marzo de este año ya prescribieron los juicios por peculado. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Abdalá Bucaram viajará el 17 de abril a Houston, Estados Unidos, y se someterá a una valoración médica. La intención es que los doctores revisen el marcapasos y un desfibrilador de sangre que le instalaron durante la operación de corazón realizada hace seis meses.

Luego de esa visita a los especialistas se planificará un posible retorno a Ecuador. Estos detalles los dio a conocer ayer, miércoles 29 de marzo de 2017, ‘Dalo’ Bucaram, uno de los hijos del exmandatario derrocado en febrero de 1997.

Los Bucaram dicen que el expresidente ya puede volver al país, pues advierten que entre el 7 y el 17 de marzo de este año ya prescribieron los juicios por peculado que hace 20 años se abrieron por el escándalo de la mochila escolar y por los denominados gastos reservados.

De hecho, el Código Penal vigente en ese momento (artículos 257 y 101) señalaba que la acción penal en estos casos prescribirá en 20 años.

Bucaram hijo asegura que ese tiempo ya se cumplió.
Por eso, hasta el jueves o el viernes de la próxima semana presentará en la Corte Nacional de Justicia un pedido oficial para que los jueces penales analicen la solicitud.

El viernes pasado, ‘Dalo’ Bucaram y los juristas Luigi García y Hermes Sarango llegaron al alto Tribunal, para entregar la autorización enviada desde Panamá, en el que el exjefe de Estado les designa como sus abogados defensores. La Corte confirmó la presencia de los juristas, pero dijo que hará un pronunciamiento solamente a través de una resolución judicial.
“Es un pedido a la Corte y lo vamos a realizar en el momento oportuno”, sostuvo García.

La petición de prescripción se debía entregar la mañana de hoy, pero Bucaram manifestó que la diligencia fue pospuesta para evitar que haya alguna interferencia en la actual campaña presidencial.

En abril del 2016, los jueces nacionales ya negaron la petición planteada para que prescribieran las acciones penales. En ese entonces se dijo que no se había cumplido 20 años.

Mientras que en junio del 2009 la segunda sala penal de la Corte Nacional negó el recurso de apelación para que los magistrados declaren finalizados los procesos.

Ayer, el entonces diputado del desaparecido MPD, Gustavo Terán, dijo que la prescripción no significa que los hechos denunciados no se hayan cometido. “Lo sucedido está escrito con letras de gran conciencia de los ecuatorianos en los anales de la historia”.

Tras la caída de Bucaram, Terán denunció que el 6 de febrero de 1997, agentes de seguridad de Carondelet cobraron 11 000 millones de sucres de los gastos reservados. Mientras que en el expediente de la mochila escolar, la entonces Corte Suprema determinó la existencia de un sobreprecio de USD 14,3 millones en la compra del material educativo.

Por ahora, Bucaram hijo dice que su padre vive solo, que su madre viaja frecuentemente a Panamá y que dos ecuatorianos (de Esmeraldas) le ayudan con la comida y la limpieza del lugar en donde habita.

En octubre del 2015, el exprimer mandatario viajó a Washington, acompañado de sus asesores y amigos y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar un documento en el que dice que fue destituido inconstitucionalmente.

En 39 páginas pidió a este organismo internacional que declare responsable al Estado ecuatoriano de las violaciones de los artículos 1.1, 5, 8,9, 25, de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José. Con eso busca una indemnización de USD 200 millones por supuestos daños morales.

Además, solicitó a la Comisión que obligue al Estado investigar a los involucrados de su salida de la Presidencia. Ayer, Bucaram se encontraba en su casa de Panamá y su hijo dijo que estaba con él y que en estos días ha preferido no atender llamadas, para no interferir en la campaña presidencial.

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