Redacción Cuenca
El fallo de la jueza Vigésima de lo Civil, Mónica Pesántez, no convence a las personas con discapacidad, en Cuenca. Por eso, la Defensoría de Pueblo de Azuay apeló la sentencia y demandan el retiro inmediato de los torniquetes de los buses de transporte urbano.
La disposición
Ricardo Antón, director de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, emitió un documento ratificando lo dispuesto en 2005 sobre el retiro obligatorio de los torniquetes.
La sentencia dice que se violentaron los derechos de las personas discapacitadas. También se precisa que el Municipio debe activar las tarjetas inteligentes.El polémico tema entró a manos de la justicia hace más de un mes, cuando el defensor Darwin Muñoz presentó una Acción de Protección contra el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, los directores de la Unidad Municipal de Tránsito (UMT) y de la Cámara de Transporte de Cuenca.
Para las autoridades del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), ese aparato es una barrera arquitectónica que impide el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y ancianos; que es un derecho consagrado en la Constitución.
Según Daniel Villavicencio, de la Federación de Discapacitados del Azuay, la resolución de la jueza Pesántez es tibia. Fija 90 días de plazo para que el alcalde Cabrera adopte medidas que permitan a esta población acceder al transporte urbano sin barreras.
Es decir, que se acople un sistema alternativo como la elaboración de una tarjeta inteligente personalizada para que al momento en que se pasa por la máquina, el brazo del torniquete caiga y deje libre el paso. Pero esa propuesta no la aceptan y por eso apelaron el fallo.
Villavicencio propone más bien la sustitución del torniquete en las 475 unidades por un sensor láser o infrarrojo que registre el cobro del pasaje en cada usuario. En la capital azuaya,
ese dispositivo se implementó en diciembre del año pasado como parte del nuevo Sistema Integrado de Transporte (SITC).
Esto pese a que en 2005, el ex Consejo Nacional de Tránsito ordenó el retiro inmediato de esos equipos en todos los buses del país. Patricio Segarra, de la Cámara de Transporte, argumenta que el retiro no se lo hará por la alta inversión (USD 7 millones) que realizó su gremio.
Él, al igual que el director de la UMT, comparte la idea de hacer algunos ajustes en el ‘software’, para que el torniquete permita el libre acceso solo para las personas con discapacidad.
Por el momento, esperan el nuevo fallo de los jueces de la Corte para actuar.
Mientras la polémica se enciende hay usuarios como Galo Chiriboga, que comparte la presencia del torniquete porque ayudó a ahuyentar a los delincuentes de los buses. “Antes subían a las unidades libremente y tras robar escapaban porque no había barreras que les detengan”.
Para Gloria Ganán, otra usuaria, hay que encontrar una alternativa que beneficie a toda la población y eso implica sentarse a dialogar. Por ejemplo, ella menciona la colocación del torniquete a partir del segundo asiento, y que los primeros queden libres, exclusivamente para las personas con discapacidades.