19 de septiembre de 2018 00:00

Fallas en el manejo de la escombrera El Troje se fiscalizarán, en Quito

La escombrera El Troje, en el sur de la ciudad, está inactiva desde el derrumbe, el 5 de diciembre del año pasado. No ha tenido un cierre técnico. Foto: Vicente Costales /  EL COMERCIO

La escombrera El Troje, en el sur de la ciudad, está inactiva desde el derrumbe, el 5 de diciembre del año pasado. No ha tenido un cierre técnico. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

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Nueve meses después de ocurrido el deslizamiento en la Escombrera El Troje 4, fase II, se dieron a conocer detalles sobre los errores que se cometieron en su operación y administración.

El 5 de diciembre del 2017, 150 000 m3 de material se deslizaron segando la vida de uno de los trabajadores y afectando el canal Pita Tambo, lo que dejó sin agua a cerca de 600 000 personas del sur, por tres días.

El informe de la Comisión Especial que designó el Concejo Metropolitano para investigar el caso, determinó que lo ocurrido no fue un hecho fortuito, sino que el origen de la desestabilización se debió a la recepción de material saturado proveniente de las excavaciones para la construcción del Metro de Quito. Lo que se sumó a “incumplimientos de los servidores a cargo de las empresas que tuvieron inobservancia de funciones y negligencia”.

Durante dos horas, el presidente de la Comisión, Pedro Freire, leyó un resumen del informe en el que se detallan las actuaciones y fallas de ocho empresas y secretarías.

La investigación se basó en el análisis de versiones, documentación, contratos y correos de funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), la Empresa Metro de Quito, Agua de Quito, las secretarías de Seguridad y Ambiente, la Agencia de Control, la Administración Quitumbe y el consorcio El Troje-Oyacoto (empresa que operaba la escombrera).

Fallas en el manejo de la Escombrera El Troje se fiscalizarán, en Quito


El informe encontró que ninguna de las entidades municipales tomó las medidas preventivas, a pesar de haber existido advertencias sobre el riesgo de un deslizamiento.

Tanto los organismos multilaterales del Metro, como funcionarios del área de seguridad de la Administración Quitumbe y personal de la misma Emgirs enviaron oficios, nueve meses antes del suceso, alertando el peligro, y dando recomendaciones para evitar incidentes, pero no se tomaron acciones. Esto, según la Comisión, evidencia negligencia de funcionarios y falta de control.

Una de las fallas de la Emgirs es que dispuso que El Troje recibiera las tierras del Metro sin que cuente con factibilidad técnica. El consorcio que operó la escombrera lo hizo sin diseño ni estudios técnicos.

Tampoco hay un registro ni un procedimiento claro del tipo de material que ingresaba a la escombrera. Algunas declaraciones, que forman parte de la documentación, aseguran que las volquetas llegaban “hechas una piscina”, pese a que el Metro recibía un pago para dar tratamiento adecuado al material antes de depositarlo.

Jorge Yáñez, gerente de infraestructura del Metro, aseguró que la empresa ha cumplido con todos los requisitos que exige el contrato y con la licencia ambiental.

No hemos cometido errores. Hemos adicionado cal para garantizar la seguridad durante el transporte de los materiales, cuando el análisis de laboratorio lo indicaba, pero hubo material que no lo necesitó”, señaló.

El contrato firmado entre Emgirs y Metro es deficiente, reza otra de las conclusiones, porque no se especifica al detalle la saturación que debían cumplir los lodos. La Emgirs no tenía un estudio marcado de la tolerancia real de El Troje y falló al no parar la recepción de tierras una vez que se detectaron problemas. Faltó seguimiento, control y vigilancia de todas las partes.

Incluso, el 25 de marzo del 2017 se observaron varios deslizamientos de material fangoso, pero no se hizo nada.

Jorge Sempértegui, gerente general de la Emgirs, afirmó que tomaron precauciones necesarias con base en las recomendaciones del informe presentado por la Comisión Especial para evitar que eso vuelva a ocurrir. “Hay que fortalecer al personal operativo”.

La investigación reveló que funcionarios de las empresas se reunieron y dieron a conocer el problema a los asesores del alcalde Mauricio Rodas, quien en la sesión dijo que desconocía esos problemas, lo que generó quejas de los ediles.

Hay un dato revelador: el libro de obra, que contenía el movimiento de las volquetas que dejaban material, fue adulterado tras el derrumbe. Incluso la Secretaría de Seguridad no hizo seguimiento pese a que existía un aviso de la unidad de riesgos de Quitumbe que aconsejaba implementar medidas de mitigación.

Tras escuchar el análisis de varios ediles, entre ellos Jorge Albán, Pablo Ponce y Carlos Páez, los concejales aprobaron por unanimidad las 45 recomendaciones emitidas por la Comisión y pidieron que el documento se remita a Fiscalía, Contraloría y a los órganos internos de control para que se analicen y establezcan responsabilidades.

Una de las recomendaciones, explicó la concejala Daniela Chacón, es que se implementen procedimientos de coordinación y seguimiento que permitan tener objetividad sobre la labor que hace un funcionario. El Concejo dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Mientras tanto, la escombrera continúa cerrada.

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