12 de mayo de 2019 00:00

Dos factores frenaron la tarea legislativa

Cabildeos entre bancadas en la sala de sesiones del Pleno del jueves pasado. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Cabildeos entre bancadas en la sala de sesiones del Pleno del jueves pasado. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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Los pedidos de cambiar el orden del día de las sesiones del Pleno y las denuncias que terminaron en la destitución de tres asambleístas repercutieron en las tareas de la Asamblea.

En eso coinciden la presidenta saliente de la legislatura, Elizabeth Cabezas (AP), y los coordinadores de todas las bancadas legislativas, al evaluar los resultados de los dos años de gestión, la mitad del período para el que fueron electos.

Entre marzo del 2018 y abril de este año se aprobaron 23 leyes, es decir, casi la mitad de las 48 que fueron establecidas como prioritarias hace 12 meses entre todas las fuerzas políticas del Parlamento.

Otras seis se aprobaron durante la gestión de José Serrano, a quien Cabezas relevó en el cargo el 9 de marzo del 2018, luego de que fuera destituido.

Cabezas reconoce que no se pudo avanzar más debido a situaciones como las denuncias que terminaron en la destitución de las asambleístas Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (ex AP) y Ana Galarza (Creo).

Además de los procesos que llevaron a la destitución del propio Serrano como presidente de la Asamblea; de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y del trámite de nueve juicios políticos contra funcionarios o exfuncionarios.

Pero también tuvieron su incidencia los pedidos de cambiar el orden del día de las sesiones del Pleno para tratar temas coyunturales.

Por ejemplo, el martes pasado, cuando se debía realizar el primer debate del Código de Salud -que lleva seis años en trámite- se presentaron tres solicitudes, una de ellas para investigar las denuncias sobre supuestos aportes de empresas contratistas a Alianza País (AP).

La correísta Soledad Buendía, del denominado bloque de la Revolución Ciudadana (RC) y Homero Castanier (Creo) concuerdan en que muchas de esas resoluciones han sido intrascendentes y han relegado la discusión de leyes que sí son importantes para el país.

Los asambleístas de ambos grupos, no obstante, son los que más han recurrido en esa práctica parlamentaria.

Solo en las 144 sesiones del Pleno que se han dado en el último año se han presentado 56 cambios de orden del día, de los cuales 43 han sido aprobados, 12 rechazados y uno retirado.

Entre ellos consta la resolución con la que declara el 28 de abril de cada año como Día Nacional del Profesional Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la que respalda la decisión del Gobierno de retirarle el asilo al ‘hacker’ australiano Julián Assange.

Otras han servido para pedir las comparecencias de ministros como Richard Martínez, de Finanzas, o María Paula Romo, del Interior, para que rindan cuentas. O también se han quedado en exhortos a otras instituciones públicas.

El informe para el primer debate del Código de la Salud estaba listo del 20 de diciembre pasado. Cabezas, según dijo, decidió relegar el tratamiento de ese cuerpo legal para que no sea “mal utilizado” en la última campaña electoral.

“Hay que entender que más allá de los tiempos, hay tiempos políticos también”, dice. El Código abarca temas controversiales como el cultivo de cannabis con fines medicinales.

La Asamblea también tiene pendientes los cambios a la Ley de Tránsito y a la norma que regula a esta Función del Estado, cuyo informe para primer debate fue aprobado el martes pasado por la Comisión de Justicia.

Esta última apunta a crear un Comité de Ética para el Parlamento y contempla como causales de asambleístas los cobros ilegales, aunque ya no se daría con 70 votos, sino con 90, con lo que se evita discrecionalidad.

A pesar de la actual correlación de fuerzas políticas en la Asamblea, en donde ninguna bancada cuenta por sí sola con una mayoría absoluta para aprobar las leyes o resoluciones, el 66% de las normas aprobadas en el último año han superado los 100 votos.

El jueves pasado, durante la sesión 592 del Pleno, concluyó el trámite del proyecto del Código de Comercio. El veto parcial del Ejecutivo permitió evidenciar lo que se ha vuelto constante: desencuentros entre el correísmo y los legisladores afines al presidente, Lenín Moreno, o de Alianza País.

Ximena Peña, coordinadora del bloque de AP, y Pabel Muñoz, uno de los coordinadores de RC, se acusaron de tozudos, luego de que sus diferencias en torno al veto no pudieron resolverlas por teléfono ni con una charla que mantuvieron en el espacio que queda contiguo a la sala del Pleno, y que está asignado para la prensa.

Los consensos solo se lograron al calor de la votación, y luego de que a Peña se la vio recorrer a pasos apresurados entre los bloques del PSC, Creo, Suma y el BIN.

De las leyes aprobadas en el último año, 12 han sido de iniciativas legislativas, y cuatro de propontes externos como la Defensoría del Pueblo.

Otras cinco corresponden a cuota del Ejecutivo, entre ellas la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación.

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