28 de September de 2009 00:00

Extraños merodean en la Bocana del Búa

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Redacciones Judicial y Santo Domingo

Durante cuatro años (2003-2007), el rancho Christian del general retirado  René Vargas Pazzos fue arrendado a los colombianos Casimiro Sulvana Martínez y Rigoberto Riapira Salcedo.   

La propiedad, de unas 1 000 hectáreas, está ubicada en la región conocida como Bocana del Búa, entre Manabí y Esmeraldas.

Entre dos provincias
Un destacamento de la Policía existe en la Bocana. Está ocupado por cuatro uniformados que realizan las labores de vigilancia. No hay puestos militares.  
Esta región es atravesada por  los ríos Quiebra Cabeza, Yagulla y Plátano, que son navegables en invierno para lanchas con motores fuera de borda.
La Bocana pertenece al cantón Quinindé, de Esmeraldas. Limita con el río Quinindé, que separa a este caserío del poblado San Juan del Búa, perteneciente a la parroquia Chibunga, en la provincia de Manabí.   

Mientras los colombianos alquilaron ese bien, los lugareños denunciaron oficialmente a la Policía que ellos encabezaron la ejecución violenta de, al menos, nueve campesinos.

Los partes de defunción levantados por los policías de la localidad registran los asesinatos de: Ilario Antonio Erazo Chinga, Orlando Espinoza Chiriboga, Noé Zambrano Vélez, Francisco Otón Zambrano, Cucho Rizo, Pablo Farías, Néstor Espinoza Chiriboga, Alfonso Farías, Clemente Bones.   

Un periodista de este Diario llegó hasta la hacienda y dialogó con sus residentes, con su administrador y con el nieto del general, Alejandro Peñaherrera, responsable de velar por su manejo. Además, se recogieron los testimonios de un finquero y dos jornaleros.  

Los habitantes de esta región conocen dos formas de llegar a la Bocana. Una, por la vía El Carmen–Pedernales, en Manabí; y otra, por el recinto Bocana del Búa, entre Esmeraldas y Manabí.

Tras una hora de recorrido por la vía El Carmen–Pedernales, se llega al recinto Los Ángeles. Desde aquí se requieren dos horas de caminata para llegar al rancho Christian.  En el centro de la hacienda se levanta  una vetusta casa de madera y caña de dos pisos.

Según un informe de la Policía, fechado el 29 de junio de 2006, elaborado por el agente Javier Guagua, en una de esas habitaciones Casimiro  tenía armamento de grueso calibre. “La propiedad aloja a un grupo que porta armas de fuego (tipo fusil). Varias veces ha sido visitada por helicópteros que aterrizan con sujetos vestidos como militares”, detalla el reporte (ver facsímiles). 

Hoy, en la casa solo se ve a Daniel Castillo, administrador de la hacienda. “Esta vivienda tiene 40 años y ya se está destruyendo. Por eso estoy arreglando una de las paredes”, dice el hombre de bigote poblado y canoso.

Castillo labora con José Luis Montoya, un vaquero de 46 años, que vive en la propiedad desde niño. En la actualidad, ambos habitan  el rancho que, según ellos, tiene 1 000 hectáreas y 600 cabezas de ganado. “En tiempos del general teníamos 1 600 reses”, recuerda el administrador.

Castillo no se sorprende al ser consultado sobre la presencia de miembros de un grupo armado. Dice que desde el año pasado la visita de agentes de Inteligencia militar ha sido frecuente y que a todos les contesta lo mismo. “Entre 2005 y 2008 salimos de la hacienda, porque el general se la arrendó a unos  colombianos”.

La hacienda fue arrendada

Alejandro Peñaherrera Vargas, nieto del general en servicio pasivo, niega que hayan arrendado su propiedad a miembros de un grupo armado o de las FARC (ver entrevista). Aunque reconoce que sí alquilaron la hacienda a los  colombianos Rigoberto Riapira  y Casimiro Sulvana. Este último, nombrado de forma insistente en las declaraciones de Merly Erazo y en los informes de la Policía y de los miembros de Inteligencia militar, que han estado en la zona.

Erazo, quien es de la Bocana, un poblado de unos 2 000 habitantes, denunció que su familia vivió en carne propia las acciones delictivas de Casimiro y su grupo. Primero asesinaron a uno de sus hermanos y luego secuestraron a otro:  Éver Idilio. “Esos colombianos, con Casimiro a la cabeza, le culpaban a mi hermano de la muerte de uno de ellos”, relató en su denuncia ante la Policía Erazo, quien logró liberarlo luego de un mes, pagando USD 20 000.

Durante sus investigaciones, los agentes de Inteligencia entrevistaron a varias personas, entre ellas Francisco R., quien es propietario de una hacienda de 115 ha dedicadas a la ganadería. “Al consultarle sobre la presencia de extranjeros en la hacienda del general Vargas dio a conocer que estuvo arrendada a un consorcio de cinco colombianos. Ellos tuvieron problemas por ajusticiar y asesinar a posibles ladrones y criminales (cuatreros), que causaban pánico entre  los moradores. En la hacienda existía un grupo de seguridad que usaba ropa negra y armas (pistolas, carabinas, repetidoras), que portaban chalecos antibalas”, señala el informe.  

Oswaldo Vaca, propietario de la hacienda Santa Fe, que colinda con el rancho Christian, fue uno de los primeros en denunciar la presencia de los armados, que decían ser parte de las FARC. “Hablé con el nieto del general y le dije que los colombianos estaban amedrentando a todos los moradores con sus acciones. Luego fui a la Policía y al Ministerio de Defensa, pero no hicieron nada”.

En entrevista telefónica desde Caracas, el general Vargas dijo que arrendó la hacienda, “que no está en la Bocana del Búa”, a los colombianos por los robos permanentes de su ganado. “Eso fue hace tiempo, Casimiro la entregó y está en poder de mi nieto. Es absurdo que se hable de que hayan sido de las FARC. La Comisión  de la Verdad tiene todo, así como la Policía y las Fuerzas Armadas”. 

Vargas, quien hace tres semanas rindió su versión en la Fiscalía, es mencionado en los correos que supuestamente se recuperaron de la computadora del líder guerrillero, Raúl Reyes, tras el bombardeo del 1 de marzo de 2008, en Angostura.

Precisamente, en ese campamento los militares ecuatorianos encontraron una gran cantidad de material escrito de los subversivos. Incluido un mapa con las coordenadas de la Bocana del Búa, donde, según las presunciones de Inteligencia, existirían miembros de los Grupos Ilegales de Colombia (GIAC).  

Aunque actualmente en la hacienda de Vargas impera la calma, extranjeros vestidos con uniforme y botas de caucho han sido observados por algunos lugareños en esta región. Al menos, eso es lo que asegura Vaca. “Esa gente sigue en la Bocana, cruzan por las fincas, no circulan por los caminos convencionales. Al no haber presencia ni interés de los militares por investigar, los armados continúan moviéndose, pero con más discreción”.   

Jimy Silva, de 45 años, que administra  Santa Fe, coincide con Vaca y asegura que los extranjeros aparecen intermitentemente en diferentes sitios. “No hablan con nadie, se ocultan de la gente”, dice Silva, oriundo de Esmeraldas. 

Hace pocas semanas, el jornalero Jairo Medranda, de 33 años, también se encontró con uno de ellos. “Un domingo me fui para el río a pescar y en una fosa estaba parado un extraño que vestía uniforme de camuflaje, le pregunté qué hacía y me dijo que estaba de paso pescando, aunque ni siquiera tenía caña. Otro día, mientras sacaba madera con otros compañeros, vimos a un forastero que enseguida se escondió”.

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