18 de octubre de 2017 14:53

Exrectora rinde su versión frente a la madre de una de las víctimas de presunto abuso sexual en Guayaquil

Archivo / El Comercio Padres y madres hicieron un plantón el miércoles pasado en los exteriores de una unidad educativa de Guayaquil.

Padres y madres hicieron un plantón el miércoles 11 de octubre en los exteriores de una unidad educativa de Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Elena Paucar

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El despacho del fiscal César Peña estuvo resguardado desde temprano por policías. Este miércoles 18 de octubre del 2017 acudió la exrectora de la unidad educativa del norte de Guayaquil, donde un grupo de padres denunció una serie de delitos sexuales contra sus hijos de entre 7 y 8 años de edad.

Ella fue citada para dar su versión. Llegó con su abogado y respondió algunas preguntas frente al fiscal, una de las madres denunciantes y los abogados de los padres.

Afuera, otras madres se reunieron para presentar más denuncias y entregar volantes para una marcha que será el sábado. En el mismo piso donde estaba la exrectora, algunos niños afectados esperaban entrar al departamento de psicología para nuevas entrevistas. Hasta el lugar también llegaron medios de comunicación locales e internacionales.

Contra la exfuncionaria se abrió una investigación por fraude procesal, un delito relacionado con ocultar pruebas o impedir una procedimiento judicial. La sanción es de 1 a 3 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La rectora habría impedido el ingreso de la Policía y la Fiscalía a la escuela donde se registraron los presuntos casos de abuso sexual, el pasado 6 de octubre cuando se realizó el allanamiento.

Pero la defensa de los padres pide su vinculación en la investigación por delitos sexuales. Según Hernán Ulloa, abogado de los padres, la educadora cometió algunas faltas. Citó el artículo 422 del COIP, que establece que las autoridades y educadores de las instituciones educativas tienen el deber de denunciar los presuntos delitos cometidos en sus centros.

Integrantes de la desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE) ingresaron al despacho del fiscal Peña para presentar 36 denuncias por supuestos delitos en otras instituciones educativas. En la foto, Alonso López, expresidente de la UNE Guayas. Foto: En

Integrantes de la desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE) también ingresaron al despacho del fiscal Peña para presentar 36 denuncias por supuestos delitos en otras instituciones educativas. En la foto, Alonso López, expresidente de la UNE Guayas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

También mencionó el artículo 23, que habla de modalidades de conducta, por acción y omisión. Y el 42 que señala como autores directos a quienes impidan o procuren impedir que se evite la ejecución de una infracción, teniendo el deber jurídico de hacerlo.

Más temprano, integrantes de la desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE) entraron al despacho del fiscal para presentar 36 denuncias por supuestos delitos en otras instituciones educativas. Las quejas son de padres y las han recabado en los últimos cuatro años, según explicaron.

Alonso López, expresidente de la UNE Guayas, detalló que son casos de abuso y acoso sexual, coimas y otros actos de corrupción. Mientras que Jorge Itúrburu, del mismo gremio, mostró algunos de los documentos que involucran a 15 colegios de Guayaquil. La información fue entregada al fiscal Peña.

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