Expulsión, la vía para liberar al Alakrana

Redacción, DPA, Reuters y AFP

El martes 10 de noviembre, el Gobierno español  anunciaba, a través del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,  que estaba negociando  con Somalia  la entrega   de dos presuntos piratas somalíes detenidos en España y buscando las vías legales más convenientes para solucionar el secuestro.

La entrega de los corsarios, además de una cantidad de dinero no especificada, son dos de las  exigencias que hacen los   secuestradores  del barco atunero Alakrana,  para liberar a los  rehenes.

Ese mismo día,  dos representantes de las familias de los 36 tripulantes de la embarcación    se reunieron  con el Presidente Rodríguez Zapatero. Tras la reunión de dos horas, ninguna de las partes hizo declaraciones.  Los representantes de las familias se limitaron a decir  que “es un momento muy delicado” para justificar su silencio. Zapatero, por su parte, explicó que la reunión sirvió para explicarles lo que el Gobierno está haciendo y darles  “todo el apoyo que necesitan”.

Tanto Zapatero como Moratinos pidieron prudencia y cautela en las declaraciones y publicaciones  que se hagan al respecto, para precautelar el acuerdo con los secuestradores. Al cierre de esta edición, miércoles 11,  el capitán del barco, Ricardo Blach relató desde el buque a EL PAÍS, que el  mediador de los piratas  fue   al barco y les  dijo  que el pedido de extradición de los piratas detenidos   había sido aceptado por el Gobierno de Zapatero. “Desde ese momento, en el barco son todo risas y pulgares hacia arriba. Los piratas están eufóricos y han dejado de maltratarnos”, dijo, Blach. “Pero tengo miedo a que toda esta euforia se vuelva contra nosotros...la Audiencia Nacional nos da un revés y esto se retrasa. Si pasa eso...empezarán a matarnos”, añadió.

‘Cumplirían condena en Somalia’

Sobre las opciones  para liberar a la tripulación, la Ministra de Defensa, Carme Chacón dijo que se buscan  “recovecos legales”. “Una de esas opciones” pasa por que los dos piratas detenidos  sean juzgados en España pero cumplan su condena en Somalia, añadió Chacón.  El abogado de Abdu Willy,  Francisco Javier Díaz Aparicio, uno de los dos corsarios en prisión , pedirá a la Justicia española que considere a su cliente como cómplice de secuestro, una fórmula que acarrearía una pena de prisión inferior a los seis años y que según el ordenamiento jurídico español permitiría que fuese expulsado del país.