La expulsión de Jaime Baquerizo del Perú fue negada

Las autoridades judiciales del Perú negaron el 29 de agosto la expulsión de Jaime Baquerizo Escobar.

El empresario ecuatoriano está siendo investigado por supuesto pago de comisiones a funcionarios de Petroecuador, por lo que fue arrestado el pasado 18 de agosto.

Frente al pedido de expulsión se interpuso un Habeas Corpus en contra de esta intensión de expulsarlo y fue negada en audiencia ayer.

Gerardo Castro, abogado de Baquerizo, confirmó a EL COMERCIO, que no será expulsado del Perú, pero pese a que en este caso ya no cabe la extradición se someterán a todos los principios que rige el tratado de extradición vigente entre Perú y Ecuador.

Según explicó, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el embajador del Ecuador en Perú desistieron de continuar con el proceso de extradición y más bien optaron porque se siga el trámite de expulsión o deportación a su país.

Sin embargo, la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, señaló que aún faltan por resolverse dos audiencias y luego de eso a la Fiscalía General le tocará analizar y resolver lo que sea pertinente en el caso.

Castro solicitó el 29 de agosto mismo que se deje en libertad a Baquerizo. “Ecuador ya desistió de la extradición, no queda más que pedirles a las autoridades judiciales del Perú que le den la libertad”.

Baquerizo primero fue investigado por supuesto tráfico de influencias, dentro del proceso que se abrió a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y que actualmente está detenido.
Pero la Fiscalía General del Estado lo excluyó de la investigación, además de que reformuló los cargos contra Bravo, por lo que el delito pasó de tráfico de influencias a enriquecimiento ilícito.

Luego se abrió una segunda causa por cohecho en contra de Javier y Jaime Baquerizo. El primero está detenido en Quito. También hay una orden de prisión para indagaciones en contra de Juan Baquerizo.

Lea la resolución completa de la Superintendencia de Migraciones de Perú, que niega la expulsión de Jaime Baquerizo.

Este último consta en la base de datos del estudio panameño Mossack Fonseca y que fue filtrado por el Consorcio de Periodistas de Investigación, como beneficiario de la empresa ‘offshore’ Arkdale Investments Limited, constituida en Bahamas.

De la cuenta de esta firma en el EFG Bank AG de Zurich se transfirió USD 600 000 a una cuenta de la firma Girbra, de propiedad de Bravo, en el Helm Bank de Panamá.

Esta transferencia fue identificada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y parte de su Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas.

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