Los exuniformados, que fueron separados de la Institución policial, solicitaron al Gobierno acceder a los resultados de las pruebas de polígrafo. Foto: iImagen referencial Archivo/ EL COMERCIO
Con pancartas y consignas llegó un grupo de aproximadamente 10 expolicías de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas a la Plaza Grande, en Quito, este lunes 1 de junio de 2015. El objetivo fue pedir una explicación al presidente de la República, Rafael Correa, sobre el despido que sufrieron 93 miembros en marzo de 2015 por los resultados de las pruebas del polígrafo.
Darío Sarzosa, expolicía de Santo Domingo de los Tsáchilas, indica que hace unos dos meses fue notificado a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de que no era una persona confiable para trabajar en la Institución.
En enero del 2015 el personal de la Policía rindió las pruebas del polígrafo. Sin embargo, Sarzosa dice que nunca ellos recibieron los resultados.
De acuerdo al Ministerio del Interior, el 24 de marzo de este año, 78 funcionarios de la Subzona Esmeraldas y 15 servidores de otros distritos del país fueron separados de la institución uniformada, en su mayoría por no haber aprobado las pruebas de confianza. Además, señaló que varios no aceptaron pasar por el polígrafo.
Para llamar la atención de los miembros del Palacio de Carondelet, los manifestantes gritaban frases como “señor Presidente somos policías y no delincuentes”.
Luis Arroyo Abad, cabo primero de la Policía, señaló que la forma como fueron separados de las filas policiales sería inconstitucional ya que han pedido los resultados al Gobierno debido a que se les acusa de estar relacionados con grupos delictivos en el país.
“Nosotros pedimos que nos investiguen y que se llegue al fondo del asunto hasta conocer si pertenecemos a algún grupo delictivo que el señor Ministro Serrano se refiere”, dice Arroyo.
Los manifestantes indicaron que si no reciben una repuesta sobre su caso realizarán una huelga de hambre.
Las pruebas están basadas en tres parámetros:primero determinar a los policías que hayan recibido beneficios del crimen organizado, segundo identificar a quienes participaron de delitos y tercero a los gendarmes que entregaron información sensible sobre operativos policiales a delincuentes.