21 de septiembre de 2020 00:00

95 expedientes por corrupción durante la pandemia

El 3 de junio pasado, la Fiscalía allanó el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo.

El 3 de junio pasado, la Fiscalía allanó el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Fernando Medina
y Diego Puente (I)

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Las investigaciones penales desplegadas durante la crisis sanitaria muestran la magnitud de los actos de corrupción perpetrados en hospitales y entidades estatales y seccionales.

Un equipo con más de 30 fiscales, analistas financieros, expertos en contratación pública y policías con perfiles especializados rastrean estos casos.

El grupo comenzó a trabajar el 1 de junio y hasta el momento han abierto 95 expedientes.

Según esa información, que hoy está en poder de la Fiscalía, solo en cuatro de las 24 provincias no se han detectado posibles hechos ilícitos. Los agentes han descubierto delitos, como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y tráfico de influencias.

Uno de los primeros casos que llegó a las manos de este grupo especial tiene que ver con la compra de insumos médicos en los hospitales.

En el proceso que involucra al Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo-Guayaquil son indagadas 28 personas.

Todas están acusadas por un presunto delito de peculado en la compra de medicamentos.

Un informe oficial, al que tuvo acceso este Diario, indica que en este año en el país se ha detenido a 127 personas por delitos que van en contra de los intereses del Estado.

La mayoría está relacionada con tramas vinculadas a las adquisiciones en la pandemia. El 50% de las capturas se concentra en Quito y Guayaquil.

Los agentes que tienen a cargo las investigaciones señalan que la gran cantidad de procesados hace que las pesquisas se prolonguen, porque se necesitan recabar más elementos que permitan sustentar las acusaciones en las audiencias.

En este momento, solo nueve casos están en instrucción fiscal. Es decir, pasaron la primera fase de una investigación.

El 90% de los expedientes permanece en la fase inicial o indagación reservada.

En ese este grupo está, por ejemplo, una causa iniciada por un presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas covid-19 en la Secretaría de Salud, en Quito. La Fiscalía tiene un listado de funcionarios que estarían involucrados. Uno de ellos, que ocupaba un alto cargo, se encuentra prófugo.

Otro de los casos que han avanzado tiene relación con al presunto tráfico de influencias en la Secretaría de Riesgos. Allí se indaga un supuesto sobreprecio en la compra de 7 000 kits de alimentos para la emergencia sanitaria.

Hoy se espera la fecha para que comience la audiencia en la que se sabrá si los responsables van o no a juicio.

Pichincha es la provincia con más casos judicializados por corrupción, seguida por Guayas y Los Ríos.

Otro caso que también es indagado en la capital tiene que ver con presuntas irregularidades en la compra de insumos en la Empresa de Agua.

La Fiscalía investiga un supuesto peculado y siete personas están procesadas.

Este Diario revisó ese expediente. Allí consta un esquema elaborado por los policías, que tenía como objetivo encontrar vínculos entre las empresas participantes en las ventas.

Entre los hallazgos, que constan en los documentos, están los nexos entre la gerenta de la compañía que ganó un concurso (hoy procesada) y otras empresas que también participaron en los procesos.

En el expediente se detalla que ella ocupó la gerencia de una de las firmas no favorecidas en años anteriores.

Según las pesquisas, las hijas de la mujer procesada también constan como gerentas de otras firmas invitadas para participar en los concursos.

Los informes se basan en datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.

Esa información está en la Fiscalía y su personal quiere confirmar si los funcionarios responsables del contrato para la adquisición de los insumos de bioseguridad conocían de estos nexos y si es que las empresas participantes tuvieron algún acuerdo para ofertar los productos a precios similares.

Según la indagación, para esta compra se hizo un estudio de mercado que tomó como base las proformas solicitadas a tres empresas. Así se estableció que para la adquisición de mascarillas, trajes de bioseguridad y gafas se destinó un presupuesto referencial de USD 172 400 más IVA .

En estas causas, la Policía también ha desplegado unidades de apoyo. Los agentes se concentran en los allanamientos, boletas de captura y detenciones de sospechosos.

Los uniformados dicen que en Quito y Guayaquil se ha realizado la mayor parte de operativos por la emergencia.

Advierten que “en ciertos actos delictivos” han descubierto que hay redes que operaban en distintas ciudades del país simultáneamente.

Eso sucedió con la adquisición de insumos para hospitales públicos y del IESS. El 18 de junio pasado, la Policía Nacional detuvo a seis personas en Quito, Guayaquil, Samborondón y Daule. Los agentes dicen que rastrean a los cabecillas de la organización.

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