El fin de semana fue eficaz para el interés del Régimen de reactivar la esperanza de millones de ecuatorianos a partir de los anuncios de que todas las empresas deberán aplicar la política del “salario de la dignidad” con los empleados y trabajadores que menos ganan.
Algo similar ocurrió con la información de que los profesores percibirán nuevos ingresos según una escala diseñada por el Ministerio de Educación en el marco del proyecto de Ley de Educación General.
Lamentablemente, los mensajes no han sido claros y a los propios funcionarios del Régimen les ha tocado, desde ayer, salir a precisar y aclarar los alcances de los anuncios oficiales, pues ahora se sabe que para su aplicación se requerirá que se junten algunos elementos laborales y legales.
Según la Ministra Coordinadora de la Producción, el pronunciamiento presidencial ha sido malinterpretado, pues no se pretende aumentar el salario “de la noche a la mañana”. Por el contrario, ha dicho la funcionaria, aún se está afinando la propuesta con los trabajadores y empresarios. En el caso de los maestros, se trata también de una idea que forma parte de un plan del Ministerio de Educación relacionado con una Ley que recién empezará a debatirse la próxima semana en la Asamblea.
Las dos noticias, por sí mismas, son alentadoras en medio de una crisis en la que cada empleado y trabajador siente la urgencia de cuidar su puesto frente al incontenible avance del desempleo. En consecuencia, es muy probable que ofertas como esas motiven a los potenciales beneficiados para que recuperen la confianza en el Gobierno justo cuando descienden sus índices de popularidad, pero se trata de un tema tan delicado que pondrá al Régimen en graves problemas si no cumple su promesa.