1 de septiembre de 2020 13:38

Exjuez, destituido por bajar una pena por drogas de 17 a 10 años, reclama su puesto y presenta acción de protección

Unidad Popular solicitó como medida cautelar suspender cinco artículos de la Ley Humanitaria hasta que la Corte Constitucional se presente sobre la demanda. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

Con el sentencia de la Corte Constitucional, la Judicatura no podrá sancionar a jueces por dolo, negligencia y error inexcusable sin contar con un fallo judicial. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

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Ana Belén Rosero

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Tras la sentencia de la Corte Constitucional (CC), un exjuez de Guayaquil presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura para pedir que le restituyan en su cargo. Esta solicitud se resolverá mañana (2 de septiembre del 2020) en una audiencia.

El exjuez se acogió al fallo de la CC. El organismo constitucional establece que jueces, fiscales y defensores públicos que fueron destituidos por negligencia, dolo y error inexcusable deben volver a sus cargos y ser reparados económicamente. La retroactividad regirá en los casos que hayan presentado acciones de protección y que estos sigan abiertos.

El exjudicial solicitó volver a su cargo en la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil. Según la Judicatura, la sentencia de la CC “provoca que exservidores debidamente destituidos interpongan acciones con el objetivo de ser restituidos en sus cargos”.

Él fue destituido por negligencia el 7 de febrero del 2020 luego de que modificara una sentencia por tráfico de drogas que fue ratificada en la Corte Nacional, el máximo ente de justicia.

Redujo a 10 años la pena de un extranjero, acusado de traficar 140 kilos de cocaína. Inicialmente la condena era de 17 años y cuatro meses de cárcel. Con esa decisión, el sentenciado pudo acogerse a la prelibertad.

La Judicatura advirtió que “la sentencia de la Corte Constitucional y sus efectos retroactivos afectan a los intereses de la ciudadanía y a la seguridad jurídica del Estado”. Además, aseguró que no tienen los recursos económicos para reparar económicamente a los funcionarios que sean restituidos.

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