El teniente Alexis Cifuentes (de traje) y Fausto Tamayo son señalados como cabecillas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La teoría fiscal se mantiene: el excomandante de la Policía Fausto Tamayo y el teniente Alexis Cifuentes manejaron la estructura delictiva dedicada a la venta de 1 317 pases en la institución, durante el 2014 y 2015.
Eso al menos lo volvió a insistir ayer Tania Moreno, fiscal a cargo del caso, en la etapa final del juicio contra 15 uniformados y una civil procesados por delincuencia organizada.
Sin embargo hubo un cambio: la investigadora pidió al Tribunal Penal que se reconociera la inocencia del agente Gilson J., pues la versión de un testigo señaló que el dinero que hallaron en su cuenta bancaria provino de un préstamo.Pero sí reiteró que el excomandante Tamayo y el teniente Cifuentes, oficial que trabajó en la Presidencia y en el Ministerio del Interior, fueron los cabecillas de la red delictiva.
Para ellos solicitó la pena máxima y que se tomara como agravante la condición de funcionarios públicos. A los otros 13 sospechosos los acusó como “colaboradores” de la red.
La base legal está en el artículo 369 del Código Integral Penal (COIP), que sanciona la delincuencia organizada con una pena de 7 a 10 años de cárcel para los autores y determina una condena de 5 a 7 años de prisión para aquellos que ayuden a la organización criminal.
Cuando hay agravantes, el COIP establece el aumento de un tercio de la pena; es decir, otros tres años de prisión.
“Serían hasta 13 años de cárcel por un delito que el general no cometió”, refutó Ricardo Vaca, defensor del exjefe policial. El abogado pidió al Tribunal Penal que ratificara la inocencia de Tamayo y, “en caso de que lo encontraran culpable, se le aplicaran atenuantes”.
Para Vaca, el hecho de que el oficial se haya presentado a las autoridades cuando se ordenó su prisión y que haya entregado sus dos celulares para someterlos a pruebas técnicas es sinónimo de “buena conducta y colaboración con la justicia”.
El abogado resaltó que en los teléfonos que manejaba su cliente no se hallaron llamadas ni mensajes sobre la conformación u operaciones de la red de pases e hizo duros cuestionamientos sobre las pruebas técnicas de la Fiscalía.
Moreno defendió su tesis y afirmó que hay dos elementos contra Tamayo: dos pases que el oficial aparentemente ordenó para conformar el grupo de ‘Los Intocables’, nombre que los procesados supuestamente dieron en un grupo de Whatsapp donde se planificaban las actividades ilegales. Y, segundo, un memorando en donde el uniformado pide que no se entreguen pases a ningún policía sin el previo conocimiento de la Comandancia General de la institución.
Para Vaca, estas pruebas son insuficientes. Cuestionó que a su cliente no se le hayan encontrado movimientos inusuales de dinero ni se le detectara incrementos injustificados de su patrimonio en estos años.
“Todo lo que hay son versiones de una persona que tenía ocho cuentas bancarias y cuya conviviente manejó más de USD 800 000. Ella estuvo en la lista de los Más Buscados y luego, por alguna razón, fue sacada de ese registro. Y yo pregunto: ¿dónde está todo ese dinero?”, replicó el defensor.
Con esa pregunta, el abogado hizo referencia a Ernesto Montenegro, considerado testigo clave en la venta de pases y que ya fue sentenciado a ocho meses y cuatro días de cárcel luego de que acordara colaborar con las autoridades.
Para la fiscal, lo “que se probó es que el Comandante sabía de los pases y los permitió”. Y agregó que esa conducta ya lo involucra con la red criminal.
En cambio, cuando la investigadora mencionó al teniente Cifuentes, sí aludió a informes oficiales donde se registran altos movimientos de dinero, aparentemente sin justificación, del agente. Según esos documentos, el policía llegó a manejar más de USD 160 000 entre el 2009 y el 2015.
De acuerdo con las investigaciones, se calcula que esta presunta organización delictiva movió unos USD 6 millones por la venta de los 1 317 pases.
Ayer, durante la audiencia, hubo momentos de confrontación. “En este juicio se han escuchado tantas mentiras” aseguró Vaca. Luego, la fiscal contestó de una forma más sutil.
Moreno sostuvo que “se ha querido presentar una verdad que no es”. Y a través de indirectas, ambos intentaron desacreditarse en la diligencia.
Incluso Maritza Romero, jueza que encabeza el Tribunal Penal, pidió varias veces “bajar el tono” a los abogados y respetar las intervenciones.
También exigió a los asistentes que mantuvieran el orden en la sala. Hoy sigue el juicio.
