12 de febrero de 2019 00:00

882 exfuncionarios judiciales esperan ser restituidos

Los exservidores judiciales expusieron ayer los casos por los que fueron destituidos; dijeron haber sido perseguidos.

Los exservidores judiciales expusieron ayer los casos por los que fueron destituidos; dijeron haber sido perseguidos. Foto: API

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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En 10 años, esta es la primera vez que las supuestas irregularidades en las destituciones de jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales son revisadas y expuestas públicamente.

Sus casos suman 882 expedientes. Ahora son analizados por la Mesa de la Verdad y Justicia de los exjudiciales, conformada en la Judicatura.

Desde ayer, este espacio comenzó las audiencias orales de los “casos emblemáticos”. Se trata de destituciones en las que se habrían cometido “graves irregularidades”. Los casos son expuestos por las víctimas ante grupos de veedores nacionales e internacionales.

El primer exjudicial en ser escuchado fue José Núñez. Él era juez Segundo de Trabajo de Quito cuando fue destituido, el 7 de mayo del 2014.

“Se violaron todos mis derechos con tal de sacarme”, dice. Núñez recuerda que todo se inició en marzo del 2012, cuando dictó una sentencia en la que condenaba a una empresa y fallaba a favor del empleado. Sin embargo, su sentencia de seis páginas había sido bajada del sistema informático y reemplazada por otro fallo de dos páginas en el que se daba la razón a la compañía.

El entonces juez dice que se dio cuenta del fraude el 4 de abril de ese año y que ese mismo día lo denunció al Consejo de la Judicatura de Pichincha. También solicitó un informe del departamento informático.

“La Judicatura nunca investigó ni denunció el ‘hackeo’ a la Fiscalía”. Pero el departamento informático sí respondió y le notificó cuál fue el usuario que se utilizó para bajar y alterar su sentencia en el sistema.

El exjuez narra que pese a sus pruebas, la Judicatura le siguió un proceso por la figura legal de negligencia manifiesta y finalmente lo separó. “Lo terrible es que durante cuatro años la Judicatura escondió el informe sobre mi caso, en el que se me absolvía”.

Según Núñez, allí consta que un perito informático recuperó la sentencia que el juez elaboró y en su momento informó qué persona la modificó.

El pasado lunes 11 de febrero de 2019, Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa, dijo que hasta el 22 de febrero se escucharán los testimonios de 70 afectados, “judiciales que no fueron serviles al poder”.

Los encargados de analizar los casos son 12 juristas, entre estos Galicia Rodríguez, Enrique León, Hernán García y Mauricio Pacheco. “Somos docentes de la Universidad Central y fuimos delegados como veedores para garantizar que la justicia prevalezca”, dijo León.

De los 882 exfuncionarios separados, 552 son jueces y fueron destituidos por figuras legales como error inexcusable y negligencia manifiesta. Pero también hay notarios y hasta secretarios judiciales.

“Es el momento de que el país sepa la verdad”, comenta Cecilia Valencia e interrumpe su relato para secarse las lágrimas. El 6 de junio del 2017 trabajaba como secretaria del Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, cuando fue separada de su cargo.

El argumento que citó el Consejo de la Judicatura fue que ella había cumplido una condena en la cárcel por un delito grave. La exfuncionaria afirma que todo fue falso, que en realidad una jueza y dos ayudantes del despacho en el que trabajaba planearon sacarla de su puesto.

Todo habría empezado a mediados del 2016, cuando la jueza le dijo que pidiera el cambio administrativo. “Me dijo que estaba feliz con mi trabajo, pero quería darle la oportunidad a dos chicas ayudantes”. Mas el cambio no se concretó. Entonces -dice- empezaron a pasar cosas extrañas. Recuerda que se desaparecían los expedientes y percibía actitudes hostiles contra ella.

En enero del 2017, una de las ayudantes judiciales y la jueza le pusieron una denuncia por lesiones en la Fiscalía. “Decían que yo le rasguñé”.

El caso fue tramitado como una contravención y la secretaria fue sentenciada a 10 días de prisión. Valencia dice que nunca cumplió la pena porque apeló y porque, por un error, en el fallo no constaba su nombre sino el de otra persona. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura avaló este hecho y la destituyó.

Ahora recibe tratamiento psicológico para recuperarse del acoso que dice haber sufrido. Cuenta que la chica que se quedó con su puesto es esposa de un funcionario que trabajaba en la Dirección de Control Disciplinario. También sabe que la jueza tenía 10 sumarios administrativos por supuestos actos irregulares y que todos fueron archivados justamente por esa oficina.

Otro caso que se escuchó ayer es el de la exjueza Sara Yépez. Relató que fue destituida en el 2012, luego de que no ordenara la prisión preventiva de cuatro médicos por la muerte de una paciente. Cuenta que en ese entonces no había el delito de la mala práctica médica. “Me ordenaron (de forma verbal) que mandara a los médicos a la cárcel. No acaté la disposición y recibí la amenaza de destitución”. Ella también pide ahora ser restituida.

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