16 de marzo de 2020 00:00

Exfuncionarios, con abogados en el exterior 

El 21 de febrero pasado llegó de España el exdirector de Inteligencia, Pablo Romero. Foto: archivo / EL COMERCIO

El 21 de febrero pasado llegó de España el exdirector de Inteligencia, Pablo Romero. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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El expresidente Rafael Correa, su jefe de Inteligencia, Pablo Romero, su canciller Ricardo Patiño y el excontralor Carlos Pólit tienen un grupo de juristas que se encargan, por ejemplo, de frenar los pedidos de difusión roja ante la Policía Internacional (Interpol).

En el caso de Correa y Romero uno de sus abogados en Europa es Christophe Marchand.

Su oficina está en Bruselas-Bélgica, pero también está acreditado en el Colegio de Abogados de Lyon, en Francia.

En esta última ciudad se encuentra la sede de la Secretaría General de la Interpol, en donde se resuelven los pedidos de notificación roja, una figura legal que se usa para lograr la localización y captura de personas pedidas en extradición.

Según documentación que ahora está en la Fiscalía, el 17 de junio del 2019, Romero se contactó con Jehosheba Bennett, abogada del bufete de Marchand. El asunto que trataron fue sobre la redacción de una solicitud que sería enviada a la Secretaría de Interpol, para que esta revocara la alerta roja, que desde el 2018 estaba vigente en contra del exfuncionario.

En esas conversaciones, Bennett supuestamente le dice al exjefe de Inteligencia que están tarde para el trámite, pero que de todas formas la solicitud se podría enviar en agosto (del 2019). Romero y Correa son procesados en el Ecuador por el secuestro del activista político Fernando Balda. El primero fue extraditado desde España el 21 de febrero pasado.

Este Diario se contactó con Bennett, pero la jurista prefirió no pronunciarse sobre los correos, que fueron difundidos por Balda, a principios de mes.

Marchand, quien además ha defendido al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, y al político independentista catalán Carles Puigdemont, estuvo en el Ecuador en el 2018. Entonces dijo que era parte de un grupo de “observadores internacionales”, cuyo objetivo era vigilar que se cumpla el debido proceso en el caso Balda.

Otros juristas que han colaborado en la defensa de Correa y Romero en Europa son Ludovic Hennebel, en Francia, Oswaldo Ruiz, en Hungría, y Enrique Santiago Romero, en España. En sus casos sus intervenciones han sido “más políticas”, puntuales y gratuitas, pues “es un tema más de amigos”, dijo un allegado a Correa.

Las investigaciones que están en la Fiscalía demuestran que en septiembre del 2018, por ejemplo, Hennebel acudió a la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia judicial. Allí denunció que el proceso contra el expresidente, en el caso Balda, “viola sistemáticamente las reglas de un juicio justo”.

El 23 de julio del 2018, en su cuenta de Twitter también publicó: “Quito confirma hoy la orden de detención contra el presidente Correa, en violación a los derechos humanos y el derecho a la defensa. Nueva instrumentalización de la justicia para fines políticos”.

Ruiz es otro académico y abogado que ha defendido a Correa, Romero y Ricardo Patiño. El 13 de febrero pasado habría viajado a Ginebra, Suiza, para denunciar “la persecución política” contra exfuncionarios correístas.

Fernando Yávar, defensor de Patiño en el Ecuador, indicó que el excanciller ha buscado abogados en el extranjero, aunque dijo desconocer de qué bufete se trata. Agregó que su trabajo, para que no se emitiera la orden de captura internacional en contra del excanciller, fue únicamente cuando preparó un resumen del caso y entregó estos papeles a los familiares de Patiño. En el Ecuador, el exfuncionario está procesado por instigación, tras haber pronunciado un discurso en el que llamaba a movilizarse contra el actual Gobierno.

Otros exfuncionarios que han logrado que Interpol no ordene su localización y captura son el excontralor Pólit, sentenciado en el caso Odebrecht, y el exministro Vinicio Alvarado. Este último está procesado en el expediente de Sobornos.

Su abogada, Vanessa Zavala, dijo que en su caso no se contrataron juristas extranjeros, sino que la resolución del organismo a favor de Alvarado se dictó, porque el pedido “tenía errores de fondo y de forma”.

En su caso, la Interpol indicó que no podía dar paso a la alerta, pues consideraba que el pedido respondía a “temas políticos”, lo cual violaba el artículo 3 de su Estatuto, que refiere al papel “neutral” de la organización.

El mismo argumento sobre la motivación con trasfondo político fue citada en el caso de Pólit, quien hoy se encuentra en los Estados Unidos.

En contexto

Casos como el de Odebrecht dieron paso a procesos legales contra autoridades del anterior gobierno. Esto incluyó el entonces contralor Carlos Pólit. Fernando Tamayo, su abogado, dijo que Interpol ya borró los datos de losficheros.

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