El jueves pasado, el Presidente y sus ministros se reunieron con grupos sociales.Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
Este domingo 3 de noviembre del 2019 culmina oficialmente el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, en respuesta al inicio de las manifestaciones por el ajuste económico.
A pesar de que el 13 de octubre se logró un acuerdo con el movimiento indígena para levantar el paro, las seguridades no se retiraron del Palacio de Carondelet. En estos días, el predio mantuvo un fuerte cerco de seguridad, los balcones fueron bloqueados y aún se observaba a militares con fusiles custodiando el ingreso.
Aunque inicialmente el Gobierno planteó que el estado de excepción durara 60 días, la Corte Constitucional (CC) autorizó que el plazo sea solo de un mes. Durante este periodo, Moreno firmó otros 26 Decretos Ejecutivos. De ellos, al menos 14 tuvieron relación con la crisis social que afectó al país.
Con la finalización del estado de excepción, Quito volverá a ser la sede del Gobierno. Moreno decidió trasladar esta atribución a Guayaquil, en la víspera del arribo de la marcha indígena a la capital.
Además, durante este lapso, el Ejecutivo -a través de la Secretaría de Comunicación- implementó un mecanismo de difusión de mensajes oficiales.
Tras la crisis, el Presidente dio más funciones a José Agusto, secretario general.
El Mandatario reorganizó la institucionalidad de la Presidencia. Ahora, Agusto coordinará directamente la gestión gubernamental con el sector público y privado, sin pasar por el Gabinete.
Agusto es el delegado del Gobierno en el proceso de diálogo con el movimiento indígena, que se logró con la mediación de la ONU y la Iglesia.
El jueves, él recibió la propuesta de modelo económico de parte del llamado Parlamento de los Pueblos.
Otro funcionario que ganó peso fue Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia. Tras la reorganización, esa instancia liderada por Roldán se encargará de coordinar la gestión del Gabinete presidencial y de los seis gabinetes estratégicos.
Para mitigar la fractura social derivada del paro, Moreno instruyó a los gobernadores del país para que se reconcilien con las comunidades, sobre todo del sector rural. Hasta el pasado jueves, según el Ejecutivo se concretaron 72 mesas de diálogo con diferentes sectores sociales y productivos.
Además, el jueves último Moreno creó la Consejería de Gobierno para Política Territorial, que estará presidida por Juan De Howitt Holguín.
En términos de colaboradores, tras el paro se aceptaron las renuncias del secretario del Agua, Humberto Cholango, y de la ministra de Inclusión (MIES), Berenice Cordero. Esos cargos fueron ocupados, en su orden, por Marco Troya e Iván Granda, que dejó la Secretaría Anticorrupción para ponerse al frente del MIES.
La cúpula militar también tuvo cambios. Moreno designó a Luis Lara nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, dispuso que Luis Altamirano sea nombrado comandante general del Ejército. Los generales reemplazaron a Roque Moreira y a Javier Pérez, respectivamente.
Según Moreno, los daños en equipamiento militar durante las protestas superan los USD 9 millones. El estado de excepción autorizó la movilización de los uniformados. Se reportaron 255 militares retenidos y 80 resultaron heridos, según datos de la Presidencia.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, defendió las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y en reiteradas ocasiones sostuvo que el Mandatario “apostó por la paz”, al abrir canales de diálogo para elaborar un Decreto que defina una nueva política de subsidios a los combustibles. Esto, tras la derogatoria del 883, que liberó el precio de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel.
Desde el Régimen, se acusó a grupos violentos infiltrados en las movilizaciones de intentar desestabilizar la democracia y el Estado de derecho, atacando a sitios estratégicos del país. Las Fuerzas Armadas hablaron de “identificar, aislar y neutralizar” a esas organizaciones.
Romo aseguró que 425 policías resultaron heridos en el paro. En su comparecencia ante la Asamblea, no dio una cifra oficial de fallecidos ni de heridos, pero advirtió que los informes levantados por la Defensoría del Pueblo podrían tener inconsistencias.
Esa entidad, hasta el 28 de octubre, manejaba la cifra de 1 192 aprehensiones, 1 340 personas heridas y 10 fallecidos durante el paro. Sin embargo, el martes último, la Conaie informó sobre la muerte de Édgar Yucailla y aseguró que 11 personas perdieron la vida en el contexto de las protestas.
El jueves último, en Carondelet, el Jefe de Estado reconoció que pudo haber excesos “de lado y lado” y mencionó que la Justicia deberá sancionar a los culpables. Además, sostuvo que el paro dejó pérdidas por USD 2 500 millones.
