Además de presentarse cada semana en la Corte, el exlegislador tendrá que utilizar el dispositivo electrónico y no podrá salir del país hasta que se dé la audiencia de sentencia. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
El exasambleísta Cléver Jiménez realiza trámites legales en Quito. Lo hace con el dispositivo electrónico en su tobillo. Espera desocuparse hasta este viernes 21 de julio del 2017, para viajar y reencontrarse con su familia el sábado. Debido a que pasó en la clandestinidad cerca de ocho meses. Jiménez está desempleado.
Aún no sabe si pedirá trabajo en una empresa privada de Quito o de Zamora (Zamora Chinchipe). La duda se debe a que tendrá que presentarse cada lunes en la secretaría de la Corte Provincial de Pichincha como parte de las obligaciones que le impusieron entre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El exlegislador es ingeniero comercial y aspira a tener un empleo. Desde que perdió su condición de asambleísta, en abril del 2014, no ha tenido ingresos fijos. La situación económica de su familia empeoró cuando tuvo que regresar a la clandestinidad tras una orden de prisión preventiva que pesaba en su contra.
Precisamente, este lunes se hicieron efectivas las medidas sustitutivas a esa orden. Él está acusado, junto al exsindicalista Fernando Villavicencio, de divulgar información reservada del expresidente Rafael Correa y otros funcionarios del Estado.
Además de presentarse cada semana en la Corte, el exlegislador tendrá que utilizar el dispositivo electrónico y no podrá salir del país hasta que se dé la audiencia de sentencia. Jiménez aceptó esta medida para poder volver a ver su familia.
Mientras estuvo ausente en su casa, refugiado en una localidad amazónica que la mantiene en reserva, su familia ayudó con los gastos personales de su esposa y de sus tres hijos. Jiménez señaló que vive una situación económica apremiante debido a que también tiene una deuda con el Banco del Seguro Social (BIESS) por la casa que compró en Zamora. Debe pagar cerca de USD 1 000 mensuales durante 25 años. De ellos, ya lleva pagado 5.
El abogado de Jimenez, Julio César Sarango, lo acompañó la tarde de este miércoles 19 de julio a una audiencia de recusación en contra de la jueza Silvia Sánchez. “Debido a la demora de más de dos años seis meses en el despacho del recurso de revisión por la sentencia que fue objeto por el caso de injurias en contra de Jiménez”.