Redacción Sociedad
En una misma facultad, la de Arquitectura en la Universidad Central, los criterios cambian en torno a la propuesta de Ley de Educación Superior de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Pablo Calderón, 27 años, cursa el quinto año. No le suena bien la posibilidad de verse obligado a rendir un examen final por estar en el último año de la carrera.
2005
desde ese año, el Gobierno ha dado fondos para publicaciones científicas, según decanos.A su decano, Manuel Ramírez, le parece una buena idea, una forma de certificar la calidad de profesionales que producen. “A raíz de que se crearon siete facultades más de Arquitectura en Quito, nos preocupa velar por el tipo de profesionales que se forman. Incluso tuvimos la intención de trabajar con el Municipio o con el Colegio de Arquitectos”.
Ramírez está de acuerdo, debe existir un organismo regulador de la calidad. “Somos responsables del adelanto o retroceso de ciudades, de nosotros depende su buen o mal funcionamiento”.
A Calderón le parece que la prueba estaría demás. “No veo lógica en dar un examen más para ver si sabemos, por algo pasamos los ciclos, de primero a quinto año. Estudio de 07:00 a 20:00”.
María Fernanda Vinueza, de 25 años, cursa el quinto año de Ingeniería Civil, le falta uno para egresar. “No sabemos qué clase de exámenes serán, qué nos tomarán. Damos exámenes cada trimestre, es la evaluación, así avanzamos de un año a otro”.
No conocía sobre el anteproyecto. “Si estudias seis años, rindes pruebas y te gradúas, por qué dar otra habilitante para ejercer la carrera. Y para graduarnos hacemos una tesis, así demostramos cuánto sabemos.
Vinueza señala que un tribunal con tres profesores le puede preguntar algo de la materia recibida durante la carrera, relacionándola con la tesis. Cree que se debiera evaluar a los graduados de universidades privadas.
En otro centro público, en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la propuesta de la Senplades se mira de modo diferente.
Francisco Villavicencio, profesor principal de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, considera que debe haber una norma universal para que todos los alumnos tengan un mismo patrón de medida. El maestro considera que si se evalúa de modo uniforme a todos los egresados es correcto que se cierren carreras. “No se puede tolerar que salgan profesionales mal formados”.
También cuenta que para ejercer la ingeniería civil, abogacía y medicina, el graduado de Estados Unidos debe someterse a un buró que examina y da el aval para el ejercicio. “No es un invento, sería ponerse a tono con el mundo. Es un beneficio para la sociedad, cualquier ciudadano estaría seguro de que lo atenderá un profesional certificado”.
Marco Calahorrano, subdecano de la Facultad de Ciencias de la EPN, se pregunta quién tomaría los exámenes. “Los mayores expertos en esta carrera, físicos, están en la EPN, ellos podrían hacer una prueba nacional. No sé si el país esté dispuesto a pagar a extranjeros por esa tarea”.
Sostiene que las particularidades se deben atacar puntualmente. El ente de control debería mirar cuántos docentes a tiempo completo tienen las universidades, revisar su producción.
Si tienen profesores a los que llama ‘taxistas’, que dan clases en un sitio y corren a otro… Trabajan en tantas universidades que no se conoce cuándo preparan las clases o investigan. Dice que se debe medir el número de publicaciones científicas. “El Gobierno deberá aceptar su mea culpa, si desde el 2005 no nos ha dado los fondos para este tema”.
Sobre los exámenes de habilitación planteados por la Senplades, Calahorrano admite que se toman en otros países. El Estado podría exigirlo. Pero recuerda que no se está tomando en cuenta que los médicos deben hacer internado y el servicio rural antes del ejercicio laboral.