Redacción Negocios
En las primeras horas de la mañana de ayer llegaron cerca de 30 ex funcionarios de Petroecuador a la matriz de la entidad, en Quito. Ellos querían que las autoridades expliquen por qué despidieron a 258 trabajadores de las cuatro filiales, el viernes anterior.
En la fachada del edificio colgaron carteles con leyendas en contra del Gobierno y de la Marina, que contrastaban con los de la campaña Ecuador Sonríe, de la Vicepresidencia, plasmados en los ventanales de la estatal.
USD 20 millones
deberá pagar Petroecuador por indemnizaciones a los funcionarios despedidos.Gustavo Moscoso formaba parte de este grupo de manifestantes. Le temblaba la voz de la indignación al contar que permaneció 13 años con nombramiento en el área de servicios administrativos de Petrocomercial.
Su función era administrar los contratos de readecuación de las estaciones de combustibles. Pero el viernes pasado le entregaron una notificación indicándole que la filial prescindía de sus servicios. Afirma que con prepotencia fue advertido de que saliera del edificio inmediatamente.
“No estoy llorando porque me han botado, sino porque no me dan las razones”, indica Moscoso mientras muestra su carné de afiliación, desde 2006, al movimiento Alianza País.
Afirma que siempre obtuvo calificaciones altas en sus evaluaciones y que su nivel de trabajo fue reconocido el año pasado, cuando la Marina le asignó el desarrollo de 18 proyectos en su área.
Un caso similar es el de Abraham López, quien trabajaba en la unidad legal de Petrocomercial, con nombramiento desde 2003. Aclara que durante su gestión no ha tenido informes negativos de la Contraloría ni juicios legales en su contra. Al igual que Mocoso pidió que se aclare cuál era la razón de su salida, pero no recibió ninguna respuesta de las autoridades.
Dice sentirse impotente al perder su trabajo, ya que mantiene a su esposa y a una hija con síndrome de Down. Sin embargo, el recorte de personal no fue tan sorpresivo, pues desde hace más de un año había fuertes rumores de despidos masivos en la estatal.
Ayer, las puertas de ingreso a Petrocomercial y Petroecuador estaban resguardadas por efectivos de la Policía Nacional, militares y guardias privados. El movimiento en las puertas de los edificios era mínimo. Los ex trabajadores explicaban que quienes no fueron removidos fueron amenazados para que no los respaldaran.
Mientras tanto, un ambiente de psicosis se vive en la Refinería de Esmeraldas. “Uno no sabe a qué hora llegan los militares con una notificación. Todos temen constar en la lista de renuncias obligatorias”, indica un trabajador que pide la reserva de su nombre.
El sindicalista Miller Quiñónez indicó que solicitarán una acción de amparo en los juzgados y que preparan una acción contra la Armada y el Gobierno en tribunales internacionales.