11 de September de 2009 00:00

Eventual nacionalización preocupa a petroleras

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Redacción Negocios 
negocios@elcomercio

El sector petrolero privado del país   mira  con preocupación la decisión del Régimen de iniciar un análisis de   la nacionalización de transnacionales.

 Las áreas estratégicas
El artículo 313  de la Constitución señala que se consideran sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico (radio, televisión, telefonía...)   y  el agua.
 Pero estas no son las únicas.  La Constitución deja abierta la posibilidad para que mediante  ley se declaren nuevas áreas como  sectores estratégicos.
El Ministerio de los Sectores  Estratégicos está a cargo  de las áreas de petróleo, minas, telecomunicaciones, obras públicas, electricidad  y agua.

El ministro de los Sectores Estratégicos, Galo Borja, por pedido del Jefe de Estado, solicitó el 12 de agosto pasado información sobre los contratos petroleros. El objetivo es “analizar la nacionalización de transnacionales, en el marco del “compromiso de negociación de contratos petroleros”.

El funcionario dio 30 días  para que el ministro de Petróleos, Germánico Pinto, entregue la información. El plazo vence esta semana.  La información debe detallar la situación de los contratos, recomendaciones y “un cronograma de actividades claves” para “reivindicar los derechos del Estado”.

Borja señaló que el análisis tiene  objetivos claros:  “Saber  si se una  empresa ha actuado correctamente,  (...) demostrar que los recursos naturales son del Estado (...) y levantar información sobre las reservas que dispone el país”.

Pero el proceso despierta temores  en el sector petrolero privado. “Es una noticia alarmante, no conozco mayores detalles, pero  tengo una reunión con él (Borja)  para  ver  qué  implicaciones tiene”, dijo el representante de la industria petrolera, José Luis Ziritt.
 
La china Andes Petroleum, la española Repsol  y la brasileña Petrobras    han  cerrado solo  acuerdos temporales  con el Régimen.
 
El Gobierno espera iniciar en octubre próximo el  diálogo para firmar acuerdos definitivos.
Pero Borja cree que las petroleras no tienen de qué preocuparse. “Más bien están contentos de que las cosas sean transparentes”.

El análisis    se extenderá al sector minero y a otros claves de la economía local de la economía, dijo.
 
El director del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu, señala que el proceso va en la línea de lo que plantea la Constitución sobre concentrar la operación de las áreas estratégicas en el Estado.

“La pregunta que nos hacemos es si  el Gobierno finalmente va a tener la capacidad de inversión requerida para aumentar reservas y producción de las privadas”.
 
Aspiazu cree que este plan no afectará  a otros sectores como las telefónicas móviles, pues fue este Gobierno el que renegoció esos contratos.  Cree que  el anuncio va enfocado al sector petrolero.

El analista petrolero Luis Calero cree que el tema es una estrategia de negociación para los diálogos con las privadas.
“No creo que el tema esté enfocado a revertir o  nacionalizar áreas, (...) el petróleo es del Estado, lo que hay que hacer es revisar la gestión de los contratos”.
 
Señala que el análisis debería incluir una revisión de los contratos firmados de forma directa  por este Gobierno. “Para ver si los intereses del país se  precautelaron”.
 
Pero en la  revisión de contratos petroleros,   Perenco  y el Oleoducto de Crudos Pesados  (OCP-sistema de transporte privado de crudo) son los que corren, al parecer, con menor suerte. El Gobierno advirtió   terminar  unilateralmente  el contrato de    Perenco y habló de renegociar el contrato de OCP.

Con OCP, el Gobierno podría pedir una participación de sus ingresos o bien reducir el tiempo de concesión de la obra, según fuentes cercanas al proceso. La comisión gubernamental que analiza este contrato debe entregar su informe hasta el 29 de este mes.

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