Redacción Negocios
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El sector petrolero privado del país mira con preocupación la decisión del Régimen de iniciar un análisis de la nacionalización de transnacionales.
Las áreas estratégicas
El artículo 313 de la Constitución señala que se consideran sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico (radio, televisión, telefonía…) y el agua.
Pero estas no son las únicas. La Constitución deja abierta la posibilidad para que mediante ley se declaren nuevas áreas como sectores estratégicos.
El Ministerio de los Sectores Estratégicos está a cargo de las áreas de petróleo, minas, telecomunicaciones, obras públicas, electricidad y agua.
El ministro de los Sectores Estratégicos, Galo Borja, por pedido del Jefe de Estado, solicitó el 12 de agosto pasado información sobre los contratos petroleros. El objetivo es “analizar la nacionalización de transnacionales, en el marco del “compromiso de negociación de contratos petroleros”.
El funcionario dio 30 días para que el ministro de Petróleos, Germánico Pinto, entregue la información. El plazo vence esta semana. La información debe detallar la situación de los contratos, recomendaciones y “un cronograma de actividades claves” para “reivindicar los derechos del Estado”.
Borja señaló que el análisis tiene objetivos claros: “Saber si se una empresa ha actuado correctamente, (…) demostrar que los recursos naturales son del Estado (…) y levantar información sobre las reservas que dispone el país”.
Pero el proceso despierta temores en el sector petrolero privado. “Es una noticia alarmante, no conozco mayores detalles, pero tengo una reunión con él (Borja) para ver qué implicaciones tiene”, dijo el representante de la industria petrolera, José Luis Ziritt.
La china Andes Petroleum, la española Repsol y la brasileña Petrobras han cerrado solo acuerdos temporales con el Régimen.
El Gobierno espera iniciar en octubre próximo el diálogo para firmar acuerdos definitivos.
Pero Borja cree que las petroleras no tienen de qué preocuparse. “Más bien están contentos de que las cosas sean transparentes”.
El análisis se extenderá al sector minero y a otros claves de la economía local de la economía, dijo.
El director del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu, señala que el proceso va en la línea de lo que plantea la Constitución sobre concentrar la operación de las áreas estratégicas en el Estado.
“La pregunta que nos hacemos es si el Gobierno finalmente va a tener la capacidad de inversión requerida para aumentar reservas y producción de las privadas”.
Aspiazu cree que este plan no afectará a otros sectores como las telefónicas móviles, pues fue este Gobierno el que renegoció esos contratos. Cree que el anuncio va enfocado al sector petrolero.
El analista petrolero Luis Calero cree que el tema es una estrategia de negociación para los diálogos con las privadas.
“No creo que el tema esté enfocado a revertir o nacionalizar áreas, (…) el petróleo es del Estado, lo que hay que hacer es revisar la gestión de los contratos”.
Señala que el análisis debería incluir una revisión de los contratos firmados de forma directa por este Gobierno. “Para ver si los intereses del país se precautelaron”.
Pero en la revisión de contratos petroleros, Perenco y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP-sistema de transporte privado de crudo) son los que corren, al parecer, con menor suerte. El Gobierno advirtió terminar unilateralmente el contrato de Perenco y habló de renegociar el contrato de OCP.
Con OCP, el Gobierno podría pedir una participación de sus ingresos o bien reducir el tiempo de concesión de la obra, según fuentes cercanas al proceso. La comisión gubernamental que analiza este contrato debe entregar su informe hasta el 29 de este mes.