Los órganos jurisdiccionales de la Función judicial hicieron este lunes 17 de septiembre un pronunciamiento sobre la evaluación a la CNJ. Foto: API
El tiempo es el factor que pone en duda si la evaluación a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) será ejecutada por el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio o por el definitivo, que será designado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t).
Mañana, el Cpccs-t empezará el análisis del reglamento para elegir a la nueva Judicatura. El consejero Xavier Zavala Egas, quien está a cargo de la comisión que delinea los reglamentos de selección, indicó que el documento está listo. Solo faltaba la presencia de todos los vocales para que pueda ser votado.
Mañana, el Pleno del Cpccs-t volverá a estar completo, luego de 18 días, por dos viajes internacionales de sus integrantes.
Además, debido a los problemas internos que se han suscitado al interior del CJ transitorio, los consejeros analizarán el alcance de las funciones de los vocales encargados hasta que concluya el proceso de selección. Los plazos se establecerán en el reglamento.
El inminente nombramiento de sus reemplazos no es lo único que pone en duda que la actual Judicatura pueda completar la evaluación. Además, al interior de la propia institución todavía hay detalles que no se han definido.
La vocal Angélica Porras aclaró este lunes 17 de septiembre del 2018, en una entrevista con EL COMERCIO, que tal como lo manda el Código Orgánico de la Función Judicial la evaluación será al desempeño de los jueces: el cumplimiento de funciones y el despacho de los recursos de casación.
Estos parámetros se están preparando. No tienen un plazo en agenda para aprobarlos.
Pero hay otros temas que aún no se deciden. Por ejemplo, la presencia de una veeduría internacional. Porras y Juan Pablo Albán han empezado diálogos con la relatoría especial de la ONU sobre independencia judicial para que acompañen el proceso. También, si los evaluadores serán designados por el Consejo de la Judicatura o serán externos.
Además, el CJ tiene que definir si los aportes sobre las investigaciones que hacen la Contraloría -sobre nombramiento de jueces- y la UAFE -sobre los patrimonios- tendrán alguna valoración en la calificación final del proceso.
Mientras tanto los 21 jueces y los 21 conjueces nacionales pidieron claridad para el proceso de evaluación planteado desde la Judicatura. Hasta ayer, los magistrados no habían sido notificados con los parámetros que se utilizarán.
Estos funcionarios, acompañados de los presidentes de las Cortes Provinciales, Tribunales Distritales y Penales y de Primera Instancia y de la directiva de la Asociación de Magistrados y Jueces, hicieron este lunes un pronunciamiento.
La presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, fue la vocera encargada. Pidió respeto para los derechos constitucionales de los jueces. “De existir actos de corrupción, insistimos una vez más que se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso”, aseguró.
La preocupación de los jueces es por las declaraciones públicas de Marcelo Merlo, presidente del CJ, quien ha hablado de un posible cese de los magistrados que no aprueben la evaluación. Aguirre solicitó que no se adelanten criterios.
En medio de las dudas ante la evaluación y la designación de la nueva Judicatura aparece otro componente que complica la actualidad del sistema judicial ecuatoriano.
La propia CNJ, a través de su Presidenta, deberá enviar una lista de tres candidatos para integrar la Judicatura definitiva. Aguirre aseguró ayer que si el Cpccs-t solicita esos nombres, ella los enviará de inmediato. El candidato de la Corte que resulte electo será el presidente de la Judicatura definitiva.
La Fiscalía y la Defensoría Pública también deben enviar ternas para la elección. Pero los titulares de esas entidades están encargados, tras el cese de sus titulares.
La lista de candidatos para el CJ se completará, según lo que ordena la Constitución, con las ternas de candidatos de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional.