Un estudio sobre inmigración fue presentado en Quito

El estudio busca generar políticas públicas para combatir la xenofobia. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El estudio busca generar políticas públicas para combatir la xenofobia. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

En el auditorio de la Plataforma Financiera Gubernamental se realizó la presentación de un estudio sobre migraciones en Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

La investigación ‘La situación laboral y el aporte económico de inmigrantes en Quito’ fue presentada la tarde de este jueves 21 de febrero del 2019, en el auditorio de la Plataforma Financiera Gubernamental, en el norte de la ciudad.

Al acto asistieron autoridades como la defensora del Pueblo, Gina Benavides, y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja.

Entre las conclusiones del estudio se señala que la mayoría de encuestados ocupa puestos de baja remuneración, en relación de dependencia o no, por lo que las condiciones laborales son precarias. Por eso, la investigación señala que es necesario buscar mecanismos de regulación local para evitar conflictos en el ámbito del mercado informal que agrava la precariedad en la que laboran los migrantes.

También se detectó que un alto porcentaje de extranjeros tiene instrucción superior, pero no está trabajando en cargos acordes con su preparación.

El trabajo partió del concepto de que la discriminación tiene que ver con falta de información y por eso decidieron hacerla desde agosto del 2017, explicó Giovanna Tipán, de la Prefectura de Pichincha. Fue un trabajo entre esa entidad, la organización alemana FES-Ildis y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El estudio busca generar políticas públicas para combatir la xenofobia. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El estudio tuvo un costo de USD 27 000, pero contó con el trabajo voluntario de 300 encuestadores que aportaron en el proceso que incluyó 2 938 encuestas en 10 parroquias de Quito. Cada entrevista tomaba 45 minutos. La idea era buscar información para combatir la xenofobia, que según Daniela Celleri, parte del equipo de investigación, no es una reacción racional sino parte de miedos sin un fundamento.

Uno de los principales estereotipos que generan discriminación es que los extranjeros llegan a quitar a los locales el trabajo. El propósito fue levantar datos reales que sirvieran de base para generar política pública.

Los panelistas coincidieron en que no es posible lograr una garantía de derechos humanos si no se trabaja en implementación de políticas públicas a través de un trabajo conjunto entre las instituciones públicas de los gobiernos locales y el nacional.

Los derechos humanos no tienen nacionalidad ni se pierden al cruzar una frontera y los estados tienen la obligación de garantizarlos, dijo Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha.

Él recordó que la Prefectura de Pichincha tiene desde el 2010 un programa que se inició como la Casa del Migrante. La idea era brindar asesoría legal y soporte psicológico a migrantes que regresaron al país o que llegaban de Colombia, expulsados por la violencia.

Poco a poco el proyecto creció para apoyar a la gente que venía de Cuba o Haití, en este último por la pobreza después de los desastres naturales. La Casa del Migrante se volvió un programa de movilidad humana, que se formó como tal en el 2014.

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