Elena Cunalata asistió este miércoles 9 de marzo al Consejo Metropolitano de Protección de la Niñez y Adolescencia (Compina). Foto: EL COMERCIO
La historia empezó el pasado 16 de febrero. En las inmediaciones del colegio Montúfar de Quito, sobre la avenida Napo, se realizaban protestas por la restructuración interna que se daba en el colegio. Luego de manifestaciones violentas se retuvo a 22 menores de edad y a un adolescente más: un chico de 17 años del colegio UNE.
El drama de una familia empezó en ese momento y, 17 días después, está lejos de terminar. El miércoles 9 de marzo, Elena Cunalata, madre de Bryan A., estuvo en la rueda de prensa que realizaron las autoridades del Consejo Metropolitano de Protección de la Niñez y Adolescencia (Compina). Ahí, se determinaron los pasos a seguir para exigir que los estudiantes vuelvan a clases. Actualmente, todos están suspendidos.
Según Elena, Bryan bajó del colegio UNE, que se ubica en Chaguarquingo, en el suroriente de la ciudad, hacia el Montúfar. Cuando las autoridades de Educación le preguntan la razón, ella responde: fue a retirar al hermano menor que estudia en el Montúfar; tenía temor de que algo le pase por las protestas.
La detención no se produjo dentro de las instalaciones, sino en la calle. Incluso, narra la madre, que las comerciantes de comida que están cerca de la Pasteurizadora Quito lo protegieron y encararon a los policías que lo intentaban detener. “Diles que se alejen o te lanzo gas”, habrían sido las palabras del uniformado. En este sitio, en días normales de clase, ambos se reunían para regresar a casa.
El hermano menor se quedó a buen recaudo y los motorizados se llevaron a Bryan. En el parte policial consta que fue trasladado a la UPC de la Ciudadela México.
Elena Cunalata sabía que algo malo pasó el 16 de abril porque sus hijos no llegaron a almorzar. Antes de irse a trabajar en la mañana, ella preparó sopa de fideo y arroz con un pedazo de carne. “Mi hijo me llamó en la tarde y me dijo que estaba detenido”.
Actualmente, está a la espera de que le entreguen el bloque de tareas para que su hijo las cumpla en casa. Tampoco tiene fecha para la audiencia. Aquí nacen dos dudas de la madre. La primera es conocer dónde se realizará la audiencia.
La otra duda es de qué le van a acusar ya que su hijo no estuvo dentro de la institución en la que se dieron las afectaciones, ni tampoco en el Distrito de Educación Eloy Alfaro, lugares que en el parte policial se detallan los destrozos. La madre narró que tampoco han señalado a Bryan en fotos, videos o testimonios.
A pesar de ser de colegios diferentes, las madres de los adolescentes andan juntas. Comparten experiencias y discuten la forma para salir de este problema. Elena ha sido aceptada en el grupo de los padres de familia y alumnos del Montúfar y está al tanto de los procesos legales.
Cunalata cuenta que Bryan A., estuvo dentro de la audiencia en la Unidad de Flagrancias junto con los otros 22 chicos, tras la jornada de protestas de febrero. Ahí les sentenciaron a realizar labores comunitarias como parte de las medidas socioeducativas.
Todos los martes y sábados el adolescente debe presentarse para cumplir con “fuertes tareas”. La semana anterior tuvo que sembrar plantas en un centro gerontológico en La Recoleta. También ha quitado el césped de quebradas. Ella lo acompaña en cada jornada.
A diferencia de los 22 del Montúfar, Bryan sí podía asistir a clases normales. La madre recuerda que en el Distrito Eloy Alfaro le indicaron que la suspensión no corría para su hijo. Se quedó tranquila y se retiró. Los otros chicos llevan 17 días sin poder ingresar a las aulas.
La paz se esfumó el viernes 4 de marzo cuando recibió una llamada del Rectorado del Colegio UNE. Se le informó que su hijo ya no podía asistir y que tenía que un representante tenía que acercarse para retirar papeles.
En el documento entregado a la madre, el rector del UNE, Enrique Peña, dice que en el acta N° 005 de una sesión extraordinaria de la Junta de Resolución de Conflictos, de fecha 26 de febrero suscrita por el exdirector distrital se ordenó la suspensión inmediata del estudiante del primer año de bachillerato.
Mientras Elena acude a realizar los trámites legales, su hijo acompaña al papá a trabajar. En una camioneta recorren el sur de Quito desde el sector conocido como La Fosforera hasta Caupicho. El hijo carga y descarga botellones de agua. Esta es la fuente de ingresos de la familia.
“Yo le he enseñado a trabajar, a ganarse el pan desde pequeño. Mi hijo no es un vago, un delincuente”, dice la mamá con los ojos enrojecidos. Ella dice que tiene una explicación sobre la detención de su hijo y espera que esta “pesadilla” acabe.