Los generales Fabián Fuel (centro) y Gustavo Acosta se detienen frente a una casa levantada ilegalmente en La Feria. Fotos: Julio Estrella / EL COMERCIO
En la montaña solo se escucha el trinar de los pájaros. Todo está en silencio. Por las enlodadas calles caminan militares armados con fusiles AK. También hay policías, aunque en menor número. Es la zona de donde hace seis meses fueron desalojados al menos 7 000 mineros ilegales que desde fines del 2017 comenzaron a llegar a Buenos Aires, una pequeña parroquia de Imbabura.
Las huellas de la actividad minera aún están allí. Dos pares de zapatos negros con plataformas permanecen en una mesa al interior de uno de los 22 cambuches, como se conoce a las estructuras precarias hechas con madera.
Los soldados dicen que esas prendas pertenecían a mujeres dedicadas al trabajo sexual en el sector conocido como La Feria.
Allí había ferreterías, restaurantes, lugares de hospedaje con Internet y ducha con agua caliente y centros de diversión nocturna. En uno de los locales de comida quedaron las sillas y las mesas. En el hotel, una casa de dos pisos, levantada con madera y a la que llamaron Reino de Quito, hay colchones arrojados en el piso, sandalias, pantalones jeans y camisetas.
En el centro de diversión nocturna, los tacones están cerca de un tubo metálico brillante que va desde el piso hasta una viga en el techo. A un costado aparecen tres cuartos privados con camas hechas solo con tablas gruesas y clavos.
Dentro de la misma covacha se construyó una gallera y una barra de licores. Se vendía desde cerveza hasta whisky. En el espacio que funcionaba como pista de baile se observan latas aplastadas, vasos de plástico, colillas de cigarrillos, tapas, botellas plásticas de gaseosas.
EL COMERCIO recorrió ese sector. Toda la zona, que era ocupada por los mineros ilegales, está controlada por 300 militares que patrullan a pie y en vehículos. Desde La Feria se toma tres horas para llegar a las bocas de las minas Vieja, Nueva y El Olivo, en las que también hay covachas de todo tipo.
Hay cambuches donde permanecen almacenados taladros y generadores eléctricos. En otros cuartos, cuatro mesas de billar están abandonadas.
Los soldados vigilan que nadie ingrese para continuar con la explotación en la montaña. Antes dormían en el ingreso a las minas, pero por razones de salubridad hoy pernoctan en Ciudad de Plástico, donde se instaló un campamento militar. “Hay ratas del tamaño de perros pequeños”, dice el sargento Luis Toapanta, del Batallón de Selva 56 Tungurahua.
Vigilan 15 000 hectáreas. “La extensión y los pasos irregulares complican la actividad de las Fuerzas Armadas”, señala Gustavo Acosta, comandante de la Cuarta División Amazonas, encargada de controlar las provincias de frontera norte.
En Buenos Aires, los militares aún detectan personas que intentan recoger los sacos con material minero que estaban listos para su traslado antes del operativo del 2 de julio del 2019.
Esos bultos (unos 200), que pesan alrededor de un quintal, están sobre la tierra, apilados unos sobre otros. Acosta pide a las autoridades encargadas del control minero que retiren los bultos al igual que los taladros, poleas y plantas generadoras.
El oficial asegura que así se evitaría tener tantos soldados dedicados a la custodia. “Las instituciones del Estado correspondientes deberían entrar a sacar todo lo que ha quedado para que nosotros podamos trabajar y no tener que cuidar ese material. O reducir el número de militares y ocuparlos en otros lados”.
Lo que se ha obtenido de las minas incluso está suspendido a 300 metros de altura, en los cables de acero que se extienden por cerca de un kilómetro y conectan las bocas de las minas con montes cercanos. El uso de estas líneas aéreas era el más efectivo para sacar el material y llevarlo a los laboratorios. Desde Ciudad de Plástico se contabilizan 41 cables.
El coronel Franklin Pico, comandante de la Brigada 31 Andes, dice que por ese sistema también se movilizaban las mujeres de los centros nocturnos, las planchas de mármol y la madera para la construcción de mesas de billar.
El cargamento mineral extraído era procesado en los laboratorios artesanales que no solo se ubicaban en Ciudad de Plástico y La Feria. A lo largo de los 14 kilómetros de la vía que conecta al centro de Buenos Aires con las minas hay más sacos cerca de cabañas que lucen abandonadas. Allí se observa montacargas volteados en medio de la vegetación.
Oswaldo Rosero es el propietario de tierras en donde estuvo una parte de Ciudad Plástico. Dice que cuando estaban los mineros ganaba hasta USD 70 diarios por vender víveres. Hoy no tiene esos ingresos y volvió a la ganadería. Édison Bolaños ganaba USD 60 diarios por trabajar en una mina.
El comandante de la Cuarta División Amazonas advierte que los controles son permanentes y que se sancionará a quien intente sacar los bultos.
Se refiere, por ejemplo, a los cuatro militares, que fueron aprendidos el 15 de octubre del 2019 con material mineralizado y dinero en efectivo.