El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reporta que se han agilizado los procesos administrativos para que los convenios con cooperantes se firmen en enero y se cubran los servicios sociales a grupos prioritarios y vulnerables. Sin embargo, todavía hay quejas por parte de cooperantes. En entrevista con EL COMERCIO, el titular de la Cartera, Esteban Bernal, dio detalles del proceso y habló sobre los inconvenientes.
¿Cómo se elige a los cooperantes con los que se firman convenios?
Tenemos dos tipos. Los públicos son los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, cantonales o provinciales. Con ellos bordeamos los 1 400. Hemos hecho una valoración y validación del cumplimiento de responsabilidades y se ha ratificado a la totalidad, pero no el número total de convenios con cada uno.
Los cooperantes privados, que bordeamos alrededor de 640, están siendo validados en función del cumplimiento de los compromisos con el Estado y con los usuarios de los servicios. Nosotros contribuimos con un porcentaje promedio del 70% y los cooperantes con un 30, a veces menos, a veces más, de acuerdo a la realidad del proyecto que es presentado al MIES. Estos son calificados por subsecretarías.
¿Qué se califica?
Estamos haciendo un exhaustivo control del cumplimiento. Una de las experiencias penosas es que a lo largo de muchos años nunca se hizo un descuento a un cooperante. Reflexionemos sobre la realidad de una escuela o una guardería. En algún momento, algún niño no irá. Pero no existió la herramienta para regular.
¿Cómo se solucionará eso?
Estamos próximos a lanzar un sistema informático que nos permitirá tener un mayor control sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los cooperantes privados. En el caso del sector público es mucho más controlable porque tiene una instancia de control como la Contraloría General del Estado, en cuanto al uso del dinero público. Lo que sí hemos advertido es que estamos controlando el mal uso del personal que trabaja en las diferentes instancias.
¿Cuál es ese mal uso?
Por ejemplo, un alcalde sacó a nuestras educadoras para una marcha en contra del Gobierno. Eso no es correcto, no queremos que saquen ni a favor ni en contra. Vamos a generar una trazabilidad para verificar que estén cumpliendo lo que determina el compromiso. No podemos usar los recursos que están destinados para contratar educadoras y que estas no presten los servicios en las áreas que deben.
¿Qué se hizo en este caso?
Tengo que ser honesto. Si yo tuviera la verificación documentada presentaría la denuncia por escrito. Son rumores que tenemos alrededor de esto, que ojalá no pase en el futuro.
Se sabe que hay nudos críticos en los convenios con cooperantes
Uno es la entrega de garantías. Este es un tema que los cooperantes privados no han terminado de comprender. Esto no es una exigibilidad del Ministerio sino de ley; y que, además, está observado por la Contraloría. Esto nos ha limitado. Aun así ya llevamos el 60% de convenios suscritos al mes de febrero.
¿Qué otro problema hay?
Los perfiles. No se puede mandar a construir una vía a un médico, por más que lo haya hecho de manera empírica durante muchos años. No podemos dejar, por ejemplo, a un ingeniero en sistemas atendiendo a niños y niñas cuando esto es un trabajo de psicólogos, de trabajadores sociales. Me piden que sostengamos, que son gente con experiencia, yo lo entiendo, pero no hay excepcionalidades. Esta es la realidad que tenemos que ir mejorando, sino estaría firmada la totalidad de los convenios, pero aspiro que hasta marzo lleguemos a un 90%.
Sin embargo, hay quejas de los usuarios
El problema no es los usuarios, nosotros garantizamos que las personas que están siendo beneficiarias del servicio vía convenio de cooperación se mantengan. En dónde es la diferencia, entre quién cumple y no cumple. El cooperante que no quiere cumplir, entendemos su realidad, pero buscamos alguien que quiera. El haber suscrito ya 1 213 convenios, con una inversión aproximada de USD 117 millones da muestra de que efectivamente es viable con cooperantes que tienen voluntad de carácter social.
¿Bajo qué criterios puede quedar fuera un cooperante?
Lo primero es que cumpla los requisitos y se valide el cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado está la voluntad unilateral. Alguien puede decir no, bajo esas condiciones no formo parte porque no puedo prescindir de mi ingeniero en sistemas para poner un psicólogo. O no puedo tener la garantía exigida.
La semana pasada, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer se declaró en huelga de hambre, no reciben recursos hace un año
En este caso, desde el año 2019 cambió la norma técnica, esta no permitía continuar con el servicio de custodio y apoyo familiar. Personalmente me he encargado para que busquemos cómo mecanizar y hacer una reforma a la norma técnica. Pero ese cambio toma su tiempo y esto, finalmente, es de competencia del Ministerio de Salud, aunque han estado con el MIES para el acompañamiento familiar, es decir, para que los niños y jóvenes con cáncer, cuando se hacen sus quimios, tengan un lugar donde pernoctar, estar con sus familiares.
¿Cuándo tendrán una solución?
Estamos trabajando de manera constante en ese tema, vamos a entregar el cambio de la norma técnica, pero hay ciertas cosas que requieren que se ajuste a nuestra nueva realidad. Vamos a reformarle para que pueda engancharse y que, inclusive, no se firme con excepcionalidad sino con normalidad como un cooperante más del MIES. He pedido que se haga en el menor tiempo posible. Ojalá empecemos desde abril, si es que efectivamente la fundación mantiene su interés de estar con nosotros. Apoyamos el proceso, pero también tenemos exigencias de cumplimiento.
No es el único caso, desde el anterior Gobierno protestan las educadoras de centros de desarrollo infantil, ¿cómo se garantiza que no habrá retrasos en los pagos otra vez?
Esto se daba porque no había una iniciativa y voluntad política de firmar un acuerdo ministerial que no condicione por la liquidación del año precedente. Por eso es que los convenios de cooperación se firmaban en julio-agosto y hasta tanto no recibían un solo centavo. He firmado un acuerdo que empezó a regir en el 2022, en el cual, sin perjuicio de la liquidación del 2021 se pueda firmar el 2022.
Yo esperaría que en el 2023, una vez estandarizada esta normativa, se firmen en enero todos los convenios. Esto significa que una vez firmado y entregadas las garantías, se entregan los anticipos. Y con eso las educadoras son pagadas mensualmente y de manera eficiente. El 2021 queda en proceso de liquidación y, una vez hecho, se procede a la cancelación del segundo pago.