3 de septiembre de 2018 09:15

La exigencia de estatura mínima afectó a 11 018 aspirantes a la Policía

Los aspirantes a la Policía Nacional llegaron a la entidad, para consignar físicamente su estatura. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Los aspirantes a la Policía Nacional llegaron a la entidad, para consignar físicamente su estatura. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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El 30% de los aspirantes a policías mintió al digitar en el sistema la estatura que tenía. Esa es la conclusión a la que llegó la Comisión de Selección tras verificar las medidas de los jóvenes que aplicaron al proceso.

Tras consignar el dato digitalmente, los aspirantes acudieron a la Escuela Superior de la Policía, en Quito, para registrar físicamente su estatura. Allí se detectó la anomalía.

Hombres y mujeres, descalzos y vestidos con una camiseta y pantaloneta, caminaban hasta una pared y personal médico confirmaba si cumplen las medidas mínimas para entrar a la Policía. A los hombres se les exige mínimo 1,68 metros y a las mujeres 1,57.

Pero de los 36 728 candidatos, 11 018 quedarán fuera por no cumplir este requisito. Eso ha generado malestar en los postulantes que no cumplen con esa estatura y por eso han anunciado más quejas legales en contra de la Policía y del Ministerio del Interior.

De hecho, hoy, 3 de septiembre del 2018, a las 08:00 se realizará una audiencia por una acción de protección de un joven que mide 1,67 metros. Él quedó fuera del proceso tras la etapa de verificación.

El pasado miércoles demandó a las dos instituciones por vulneración de derechos, pues considera que hay discrimen. Él vive en Riobamba, pero la demanda la puso en la capital.

De allí que la diligencia se realizará en los juzgados de Quitumbe, al sur de la ciudad.

A la audiencia asistirá William Flaconí, abogado del chico. Él conversó con este Diario el viernes y contó que la demanda la sustentan precisamente en la discriminación.

La Constitución (art. 11) dice que nadie será discriminado, por ejemplo, por diferencias físicas ni por otra distinción.

Para Falconí, la Policía y el Ministerio del Interior cometieron un error al imponer este requisito, pues en el 2015, las mismas instituciones lo quitaron de los procesos de selección con el argumento de evitar la discriminación.

Por eso, espera que el juez que conozca del caso deje sin efecto este requisito y ordene a las dos instituciones que reincorpore al proceso a su defendido. Eso también espera otro grupo de 60 aspirantes.

Ellos se reunirán a las 15:00 de hoy en la sala de sorteos del norte de Quito. Allí presentarán otra acción de protección para evitar que sean separados del proceso por la estatura.

Los chicos serán representados por William Rodríguez. El jurista también alega que el requisito es anticonstitucional, pero dice que el argumento más importante es que se instauró de forma ilegal.

Según el defensor, la estatura no es un requerimiento que se establezca en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana ni tampoco en los reglamentos de la Policía.

En la demanda que planteará hoy también añadirá, como precedente, el fallo de una tercera acción de protección que existe en contra de la Policía y del Ministerio del Interior.

Esa demanda fue resuelta el 30 de agosto pasado. El juez, que conoció el caso, confirmó que existió una vulneración de derechos en contra de un joven que medía 1,65 metros y ordenó a las instituciones que lo admitan nuevamente en el proceso de selección.

Las entidades demandadas ya presentaron la apelación de esa decisión judicial y pidieron una nueva audiencia. Fausto Salinas, director de la Escuela de la Policía, afirma que defenderán el requisito y agotarán todas las formas legales.

Daniela Valarezo, presidenta de la Comisión de Selección, también defiende el requisito y dice que las nuevas necesidades de la Policía exigen personal más alto. Ella dice que la estatura mínima se instauró tras análisis técnicos de las características que tienen los sospechosos. En promedio, ellos miden 1,70 metros.

Valarezo comenta que han intentado acercamientos con el aspirante que ganó el fallo para reincorporarlo al proceso. Sin embargo, dice que no responde las llamadas ni mensajes. Eso lo confirma el abogado Rodríguez, quien patrocina al joven. Él dice que tras el fallo, la Policía no cumplió con reincorporarlo.

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