22 de septiembre de 2020 13:23

Estafa que se indaga en el Isspol comprometería más de un tercio del dinero ahorrado de los policías en retiro

La ministra de Gobierno María Paula Romo se refirió a las investigaciones a posibles irregularidades en inversiones hechas por el Isspol. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

La ministra de Gobierno María Paula Romo se refirió a las investigaciones a posibles irregularidades en inversiones hechas por el Isspol. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

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Evelyn Tapia

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La ministra de Gobierno María Paula Romo informó este martes 22 de septiembre del 2020 que, en el marco de las investigaciones que se realizan a las posibles irregularidades en inversiones hechas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) entre el 2014 y 2017, se habría identificado un perjuicio o estafa por alrededor de USD 532 millones a los fondos del Isspol, en dos operaciones en las que usaron bonos del Estado.

"No vamos a permitir que desaparezcan esos recursos, vamos a identificar a los responsables de que esos recursos se hayan puesto en en riesgo. A pesar de la gravedad de lo que hablamos, la jubilación de los policías y todas las prestaciones están garantizadas, hay una ley que obliga al estado a garantizar todo lo que se adeude", informó la Ministra.

Según Romo, la actual administración del Isspol identificó hace meses que existían inversiones que a su vencimiento se volvían a renovar solo con papeles; es decir, que el ente no estaba recibiendo dinero en efectivo.

"En esta administración se informó a la contraparte que no se seguirán recibiendo papeles en pago y que se tiene que cumplir con la entrega de dinero a la Isspol y cuando ponemos esta condición, las cosas se agravan, dejan de hacerse muchos pagos y caen en mora. Por eso exigimos al Depósito Centralizado de Valores (Decevale) conocer cuáles son las garantías, los instrumentos, las obligaciones, los títulos, qué es lo que tienen ellos en custodia de las inversiones del Isspol, pero solo recibimos evasivas y cambios de opinión", detalló.

De ahí que en agosto pasado, el Instituto puso una denuncia en la Fiscalía y pidió a la Superintendencia de Compañías que intervenga a Decevale.

Decevale fue intervenida el pasado viernes 18 de septiembre del 2020.

La primera operación es un mecanismo conocido como swap, en donde el Isspol se comprometió con una empresa privada a intercambiar bonos de deuda interna por USD 327 millones y la empresa les entregó otros papeles transables. La empresa garantizó que esos bonos se compensaban con instrumentos que se conocen como notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana.

La segunda operación es por alrededor de USD 205 millones, que se realizó a lo largo de tres años, desde el 2014. Isspol compraba bonos de deuda externa ecuatoriana a una empresa, con un pacto de recompra y a valor nominal.

Romo puntualizó que las dos operaciones se dieron con empresas domiciliadas en Panamá en las que el representante legal es la misma persona: Jorge Cherrez Miño.

Este lunes se posesionó a la persona que será interventora de Decevale, con lo que el Isspol espera conocer qué tiene el Decevale en su custodia, que garantice o cubra las inversiones que hizo la entidad de la seguridad social de la Policía, por USD 532 millones. "Si no están los recursos, estaríamos hablando de una estafa", dijo Romo.

El Ministerio de Gobierno detalló que la Superintendencia de Compañías ha hecho hallazgos importantes sobre las implicaciones que podría tener Decevale.

Por ejemplo, que el contrato de la segunda operación no se encuentra bajo la normativa que rige al mercado de valores ecuatoriano y que no habría evidencia de la existencia de un contrato que le permita a Decevale brindar servicios de custodia por negociaciones celebradas en mercados bursátiles extranjeros; por lo tanto, no podía emitir certificaciones de aquellos valores a través del detalle de compensación del Portafolio del Isspol.

En tanto, Jorge Villarroel, director del Isspol, indicó que, en julio del año pasado, tras una auditoría se procedió a remover a jefes de área de varios departamentos y se aprobaron nuevas políticas de inversión.

"Poniendo en práctica políticas de transparencia, se aprobaron nuevas políticas de inversión, hubo un nuevo reglamento con lo que se dispone una comisión de riesgos, comisión de inversiones. Con estos cambios se han reestructurado las áreas técnicas, con analistas de riesgos, que antes no existían", dijo.

Villarroel acotó que su administración solicitó a la Intendencia Nacional de Control de Organismos de Seguridad Social, de la Superintendencia de Bancos, una auditoría al Isspol, que concluyó hace unos días. La Contraloría también está realizando una auditoría.

Según Romo, en el 2010 el directorio de Isspol entregó poderes totales al director del ente, con lo que él tenía atribuciones del comité de inversiones y el comité de riesgo para analizar y tomar la decisión final de las inversiones, por lo que no hubo una apropiada valoración de riesgo de concentración de las inversiones.

Paralelamente, se investiga otros casos de inversiones dudosas. Una de ellas es por la inversión en facturas comerciales, que hoy están impagas. El monto del perjuicio es de USD 22 millones.

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