2 de septiembre de 2019 00:00

Laura Terán: ‘Correa y Glas dominaban la estructura de sobornos’

En la Corte se desarrolló ayer, domingo 1 de septiembre del 2019, la audiencia. Laura Terán, testigo protegido, admitió que creó archivos de aportantes. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

En la Corte se desarrolló ayer, domingo 1 de septiembre del 2019, la audiencia. Laura Terán, testigo protegido, admitió que creó archivos de aportantes. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Laura Terán usó un papelógrafo para dibujar a mano el esquema de aportes económicos que de forma ilegal recibió Alianza País, hasta el 2016.

En él colocó los nombres de sus principales miembros y los códigos con los que se los identificaba. En lo más alto de la estructura organizativa puso al expresidente Rafael Correa, a quien identificó con las iniciales A1, SP, RC y RCD. Después, colocó al exvicepresidente Jorge Glas, con las denominaciones L1, A2, SVP y JG.

Como estos códigos, se emplearon otros tantos para referirse a personajes políticos como Walter Solís (L3), Vinicio Alvarado (VA), Viviana Bonilla (VB), María de los Ángeles Duarte (MD), Alexis Mera (AM), entre otros funcionarios del gobierno de Correa.

Terán reconoció que la red se dividía en dos grupos: las autoridades gestoras y los beneficiarios electorales. En el primero mencionó a Glas, Duarte y Solís como las personas que negociaban con al menos 17 empresas los aportes económicos para las campañas.

En el segundo grupo habló de Galo Mora, Ítalo Centanaro, Rommy Vallejo, Bonilla, Alvarado, Mera, Solís y Duarte.

Ellos supuestamente trabajaron con 20 emisarios, que recogían el dinero de la oficina de Pamela Martínez, exasesora presidencial y jefa de Terán.
El personal tenía dos vías para recaudar los fondos. La primera era mediante el pago en efectivo y la otra a través del cruce de facturas. Es decir, las empresas cubrían las facturas por los eventos políticos.

Durante la comparecencia de ayer (1 de septiembre del 2019), Terán añadió que en cuatro ocasiones diferentes ella tuvo que ser el nexo para la entrega del dinero. En uno de esos encuentros dijo que tomó contacto con una persona que se identificó como “enviado especial” de Bonilla.


“Martínez me dio la orden de darle un sobre a él y pedir que constate la entrega. Fue allí cuando vi que se trataba de dinero”, contó la procesada.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, preguntó cuánto entregó. Terán dijo que el monto ascendía a los USD 100 000. “Lo supe porque él contó los billetes frente a mí”.

Aseguró que también entregó recursos al exlegislador de AP Christian Viteri, procesado en el caso Sobornos. Indicó que le adjudicó USD 100 000.

Él ha dicho que es inocente y que lo comprobará con documentos durante el proceso.

De forma insistente, la procesada explicó ante la jueza Daniella Camacho que todas las decisiones sobre ingresos o egresos fueron tomadas por Correa desde el despacho presidencial. “En ocasiones llegaban las órdenes por una llamada telefónica, en otras por correos e incluso a través de notas escritas a mano por él”.

El dinero recolectado fue usado en campañas, como la ejecutada para la consulta del 2011. La matriz usada para llevar las cuentas en ese momento se llamó Victoria Andrade Listado. Más tarde, Martínez volvió a encargar a Terán la elaboración de un nuevo archivo llamado Victoria Andrade 2, que más tarde terminó con la denominación de Victoria II.

Ese documento, que contenía datos sobre las nuevas contribuciones, fue manejado para las elecciones presidenciales del 2012. A finales de ese año, Martínez volvió a ordenar la creación de un nuevo archivo. Esta vez, el documento de Excel contuvo aportes para las elecciones de autoridades locales (alcaldes y prefectos). En un inicio, la carpeta se llamó Victoria III, pero se lo renombró como Verde y más tarde se lo dejó como Verde Final.

Verde hacía referencia al color del movimiento político (AP) y Victoria al triunfo que habían alcanzado en las distintas elecciones”, aclaró Terán. Aseguró que en el 2017 recibió la orden de Martínez de destruir la documentación de una flash memory. Dijo que sí lo hizo y que esto ocurrió luego de la detención de Glas.

Al finalizar su intervención, la exasesora respondió 35 preguntas de la Fiscalía. Pero se abstuvo de contestar las interrogantes de los abogados que representan a los otros 25 implicados. Entre lágrimas, Terán dijo ser la única inocente de ese grupo de procesados.

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