Bancadas van sin consenso a sesión clave

La asambleísta Sofía Espín, durante un diálogo con periodistas en el Parlamento. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La asambleísta Sofía Espín, durante un diálogo con periodistas en el Parlamento. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La asambleísta Sofía Espín, durante un diálogo con periodistas en el Parlamento. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En medio de la falta de consensos entre las bancadas, la Asamblea retoma hoy, martes 13 de noviembre del 2018, el tratamiento del proceso disciplinario en contra de Norma Vallejo, de Alianza País (AP), y Sofía Espín (exAP), investigadas por denuncias de irregularidades en sus funciones.

“Cuando votábamos igual nos decían borregos y ahora que hay divergencia tampoco les gusta”, increpó ayer (lunes 12 de noviembre del 2018) la coordinadora del bloque oficialista Ximena Peña, al reconocer las divergencias en su grupo.

Su colega, Daniel Mendoza, también admitió que no han logrado consensuar una posición conjunta entre los más de 40 legisladores que forman parte del bloque de AP y sus aliados, por lo que sentenció que “cada asambleísta debe hacerse responsable de su voto” en la jornada de hoy.

El Pleno está convocado para las 16:00 por la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, para resolver si se da paso a la destitución de Vallejo y Espín por distintas causas, luego de que la sesión fuera suspendida el jueves pasado.

En el caso de Espín, el proceso es por “incompatibilidad de funciones”, al haber visitado a una testigo protegida del caso Balda, en el que recientemente fue llamado a juicio el expresidente Rafael Correa.

Esto lo determinaron dos de los integrantes de la Comisión Multipartidista que investigó el caso denunciado y sustentado por Esteban Bernal, legislador de Creo.

El asambleísta Bairon Valle, quien también formó parte de esa mesa, presentó un informe de minoría que recomienda que el tema quede en una sanción de 30 días por el “mal uso de la tarjeta electrónica” que portan los parlamentarios.

El legislador Fabricio Villamar, de Creo, calificó ayer de “nula” a la resolución aprobada el jueves pasado, en el Pleno, para que la decisión se tome con 91 votos y no con una mayoría simple.

Villamar propondrá hoy en el hemiciclo legislativo que se reconsidere esa decisión. Además, busca que Fernando Flores, su copartidario, sea separado de la organización política por haber planteado durante la jornada pasada una moción que no fue consensuada en el bloque.

“Es una propuesta incongruente –la de Flores- en la lucha contra la corrupción que hemos llevado desde el bloque”, expresó Villamar quien, por su parte, denunció a Vallejo por supuestos cobros indebidos a sus asesores.

Por medio de un comunicado, Flores adujo que lo que buscó con su iniciativa es “aclarar cualquier vacío legal y dar con ello plena legitimidad” a lo que se decida en el Pleno de la Asamblea.

En el artículo 8 de la Ley de la Función Legislativa se especifica que “el Pleno aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones”. Y especifica que eso debe ser entendido como “el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sesión”.

Aquello se aplicó en marzo pasado, cuando fue destituido José Serrano de la Presidencia de la Asamblea, en medio de una controversia con el entonces fiscal General, Carlos Baca Mancheno, lo que tuvo el respaldo de 103 legisladores.

En ese entonces, se consideró que el requisito de las dos terceras partes del Pleno solo podría darse para levantar la inmunidad parlamentaria, destituir a un Ministro o enjuiciar al Presidente de la República.

La oficialista Peña consideró que la sanción administrativa planteada por Valle debe ser discutida en el Pleno, algo con lo que dijo no estar de acuerdo René Yandún, coordinador del Bloque de Integración Nacional.

“La Asamblea debe tener una posición firme, lavar su imagen frente al país”, apuntó el socialcristiano César Rohon. Mientras, el correísta Mauricio Proaño sostuvo que “no se puede convertir a la Asamblea en una comisaría de pueblo”.

El proceso disciplinario seguido contra la legisladora Sofía Espín

24 de septiembre 2018.
Sofía Espín visita a Diana Falcón, testigo protegida del caso relacionado con el secuestro del político Fernando Balda, en una cárcel ubicada en el sur de Quito.

15 de octubre 2018
Falcón aseguró que Espín y una abogada del expresidente Correa le ofrecieron dinero y hasta asilo para que se retractara de sus declaraciones en contra del exmandatario.

20 de octubre 2018

La Comisión Multipartidista, encargada de la investigación, recomienda sancionar a Espín con la pérdida del cargo por incompatibilidad de funciones; ella lo rechaza.

8 de noviembre 2018
El Pleno de la Asamblea se reúne para tratar el informe. La oficialista María José Carrión pide que la sesión se suspenda por 72 horas para que Espín sustente sus descargos.

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